Ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, diputados locales y federales coinciden que los Centros de mando y comunicación de Veracruz, conocidos como C5i, C5 y C4, son inoperantes en la entidad, luego de que el gobierno de Miguel Ángel Yunes se comprometió a ponerlos en funcionamiento antes de que finalizara su administración.
El diario nacional La Jornada dio a conocer este martes que el Órgano Fiscalizador (Orfis) del estado, presidido por Lorenzo Antonio Portilla, señaló que la empresa contratada por Yunes Linares -Comtelsat- no cumplió con un contrato superior a los mil millones de pesos, en el que no solo se establecía la instalación y puesta en marcha de un sofisticado sistema de monitoreo con más de 6 mil cámaras de videovigilancia, sino que además se edificarían o bien se modernizarían instalaciones viejas para adaptarlas como C5i, C5 y C4.
El Congreso local está a la espera de que el Orfis entregue los resultados de las auditorías realizadas, no solo por el contrato de las cámaras de videovigilancia, sino de muchos otros que formaron parte de la estrategia de seguridad que el ex mandatario panista anunció al inicio de su gestión, en diciembre de 2016.
Un análisis técnico realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz dictaminó que las cámaras instaladas en distintas cabeceras municipales pierden comunicación por intervalos que van desde 30 segundos hasta 2 o 3 minutos.
Además las cámaras instaladas en otras localidades no son las adecuadas para el tipo de medio ambiente con el que cuenta el estado; en los municipios de la costa, las cámaras presentan problemas con salinización, empañamiento y principios de corrosión.
En algunas locaciones, dice el reporte al que este medio tuvo acceso, las cámaras fueron colocadas con orientación inadecuada, generando problemas para el monitoreo, pues no se visualiza en su totalidad todo el registro videográfico al que se debería tener acceso.
Los postes cuentan con unas cajas denominadas NEMA, que es donde se localizan todos los componentes electrónicos, estas se abren con facilidad, provocando fallos momentáneos e intermitentes en el sistema, esto debido a su baja calidad y al incumplimiento con la normatividad vigente.
De la misma manera se instalaron Arcos Carreteros con cámaras para lectura de placas vehiculares, mismos que presentan fallas en la comunicación de la Red de Transporte de Datos para su interconexión con el C4 correspondiente, ademas, la precisión de la lectura de las placas vehiculares es muy baja.
Los trabajos de adecuación de los C4 y construcción de un C5i en el municipio de Boca del Río no se han concluido y los C4 de siete municipios más muestran un avance del 10 por ciento en unos casos y en otros no hay un avance significativo.
También se dio a conocer que Comtelsat, a través de su representante legal, ha buscado un acercamiento con el actual gobierno del estado, para ofrecer una explicación sobre las fallas en la prestación de sus servicios, sin embargo la autoridad gubernamental esperará los dictámenes del Orfis para definir el camino legal sobre las irregularidades del contrato de las cámaras y de los centros de mando y comunicación.
El diario publicó que el gobierno de Cuitlahuac García aseguran que es viable la rescisión del contrato SSP-UA-111-17, firmado entre el gobierno del estado y Comtelsat, para la adquisición, suministro y electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz.
Empresarios, legisladores locales y federales, así como representantes de organismos no gubernamentales y los gobiernos de los estados deberían tomar más en cuenta las observaciones que sobre determinadas empresas realizan órganos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación o los Órganos Internos de Control.
Tal es el caso de Comtelsat, misma que en los registros de la Secretaría de la Función Pública aparece como sancionada e inhabilitada por falta de cumplimiento en diversos contratos con distintos entes públicos, como Pemex o bien la Secretaría de Gobernación.
“No es posible que quienes nos gobiernen dejen nuestra seguridad en manos de empresas de dudosa probidad o que hayan sido sancionadas por faltas graves en la prestación de sus servicios”, dijo Raúl Ojeda, empresario de la entidad.
