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México reconoce en la ONU que "queda mucho por hacer" para erradicar tortura

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado, también tocó temas como la polémica Guardia Nacional

Por EFE

EL Gobierno de México ha emprendido medidas para reducir los casos de maltrato a detenidos, aunque "queda mucho por hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean erradicados", admitió hoy en Ginebra la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.

En el primer día del examen periódico de este país ante el Comité contra la Tortura de la ONU, Delgado aseguró que el nuevo Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a "las condiciones que enfrentan las personas privadas de su libertad en México y la falta de sanciones efectivas para quienes cometen tortura".

Además, "escuchamos inquietudes manifestadas por la conformación de la Guardia Nacional", nuevo cuerpo de elite propuesto por López Obrador que algunos grupos de derechos humanos ven con temor, ya que consideran que puede militarizar aún más las fuerzas de seguridad y con ello aumentar los abusos a los detenidos.

Sobre esta controversia, Delgado señaló al comité que durante la reciente visita a México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se firmó un acuerdo entre su oficina y el Gobierno mexicano para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación de este cuerpo.

Ante las acusaciones de que la Ley General contra la Tortura, en vigor desde 2017, no se aplica todavía en buena parte de México, la representante de la Cancillería argumentó "dificultades en materia de coordinación y homologación de políticas" debido a la estructura federal del país, con amplia autonomía para cada estado.

Delgado prometió que el Gobierno de México trabajará para la adopción general de esta ley como uno de los pilares fundamentales para reducir la tortura, y otra herramienta será "la transición de una Procuraduría General de la República, dependiente del Poder Ejecutivo, a una Fiscalía General con plena autonomía".

En el turno posterior de preguntas, el presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modvig, recordó que estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informaron de 7 mil ochocientos sesenta y nueve denuncias por tortura y que en ellas el perpetrador más frecuente era la misma Procuraduría General.

También aludió a los casos de desapariciones forzadas -un drama que con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 generó una amplia condena internacional- y señaló que según el Ministerio del Interior de México todavía se desconoce el paradero de 37 mil cuatrocientas personas desaparecidas desde 2006.

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