El día a día de los LGBTI en Centroamérica está marcado por la violencia, la discriminación, la migración forzada y la impunidad de los agresores. Pese a los tímidos pasos de los últimos años, la región sigue siendo una de las más hostiles para el colectivo.
No existen cifras oficiales sobre agresiones físicas a la comunidad LGBTI en Centroamérica y son las propias organizaciones locales las encargadas de llevar registros.
«Invisibilizar al colectivo y no tener estadísticas ya es un acto de violencia en sí mismo», denunció a Efe la activista costarricense Michelle Jones, de Acceder.
Las asociaciones estiman que cerca de 300 miembros del colectivo han muerto en la última década en Honduras y calculan 12 asesinatos en El Salvador en 2018. En Guatemala las cifras hablan de al menos una veintena de personas trans y 13 hombres gay ejecutados el año pasado.
La mayoría de los casos de violencia no se denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades y, en las pocas ocasiones en las se interponen denuncias, la información sobre la orientación sexual o la identidad de género de la víctima «es generalmente ocultada o pasada por alto», aseguró por su parte el experto de ONU.
Un informe de 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que la gran mayoría de los muertos son hombres gay y mujeres trans, y que estas últimas tienen una esperanza de vida en la región de 30 a 35 años. En el documento, el organismo también denuncia que los crímenes se ejecutan con altos niveles de crueldad.
La violencia empuja a muchas personas LGBTI a migrar a otras ciudades e incluso a otros países, aunque la discriminación laboral y el estigma social son también motivo de desplazamiento.
La organización COMCAVIS considera que al menos 134 personas abandonaron El Salvador entre 2017 y 2018 por culpa de los hostigamientos.
Pese a la realidad tan hostil que sufre el colectivo y a la falta de voluntad política para enmendarla, el año pasado hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que supuso un soplo de esperanza en la lucha a favor de los derechos LGBTI en la región.
La CorteIDH emitió en enero de 2018 una opinión consultiva a solicitud de Costa Rica en la que dice que los Estados tienen la obligación de garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo y dio 18 meses al Parlamento costarricense para legislar en ese sentido. De hacerlo, Costa Rica sería el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio gay.
«Estamos esperando a que se acerque la fecha y a ver qué pasa», declaró la activista de Acceder.
También son pasos importantes las marchas que se van a celebrar este fin de semana en la mayoría de los países de la región por el Día Internacional del Orgullo LGBTI, o la elección el pasado 16 de junio de Aldo Dávila, portador del virus del sida y el primer hombre abiertamente gay en lograr una banca en el Congreso de Guatemala.
«Es un gran paso, aunque lo ideal sería que no fuera noticia y que estuviera normalizado», admitió Vera.
