Fiscalía anticorrupción advierte más procesos por caso Ipejal

La Fiscalía Anticorrupción advierte que son varias las investigaciones que se siguen al organismo de Pensiones del Estado de Jalisco

Por Publimetro

Luego que el ex director del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), Fidel Armando Ramírez Casillas, fue vinculado a proceso con otras cinco personas por la compra de medicamentos a sobreprecio a la empresa Abisalud, donde es accionista el delegado estatal Carlos Lomelí, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, titular de la Fiscalía Anticorrupción, advirtió que hay otras nueve investigaciones abiertas por irregularidades en este instituto.

Las carpetas de investigación se refieren al fideicomiso que se formó para ceder el edificio ubicado junto al Parque Agua Azul a una inmobiliaria, la administración de un estacionamiento en medio de irregularidades, las inversiones fallidas con recursos de los trabajadores, como fue en las Villas Panamericanas, Chalacatepec y la presa El Zapotillo, adquisiciones anómalas, entre otros

De la Cruz Tovar dijo que en caso de los medicamentos, no se involucró al Consejo de Administración de Pensiones porque este no habría estado involucrado en el fraude de las medicinas.

Denuncian anomalías graves en manejo de fondos del Ipejal FOTO: Cortesía

De las personas sujetas a proceso por el asunto de las medicinas, se trata de la venta de más de 30 medicamentos que fueron adquiridos a un precio mayor al de la venta normal, que habría generado afectaciones por alrededor de 30 millones de pesos.

La Fiscalía Anticorrupción informó que además del ex titular del Instituto de Pensiones, fueron vinculados a procesos la ex directora administrativa y de servicios así como el ex titular del área de recursos materiales por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

También fueron vinculados tres empleados de la compañía Abisalud quienes firmaron el contrato.

Como medidas cautelares se ordenó no salir del estado y presentarse cada mes ante la autoridad judicial.

La Fiscalía Estatal Anticorrupción reconoció que tiene cuatro meses para concluir la investigación y acreditar la plena responsabilidad de los implicados.

“Por el monto que se alcanza, la pena aplicable es de cuatro a diez años de prisión. Cuando tenemos un fraude y acreditamos un quebranto patrimonial, una sanción desde luego, no es únicamente la pena de prisión, en caso de que se conceda ésta, no, es en principio también la reparación del daño”, afirmó Gerardo de la Cruz Tovar.

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