En la Ciudad de México hay 20 defensores de oficio sin cédula profesional, abogados pagados por el gobierno para representar a quienes no tienen recursos para contratar un privado, pero que en realidad no han cubierto todos los requisitos para ejercer esta labor.
La Defensoría Pública de la Ciudad de México representa a ciudadanos sin recursos en juicios de cualquier materia, incluida la penal, y según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) sus clientes tienen significativamente más posibilidades de perder el caso, e incluso acabar en la cárcel.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que además de los 20 defensores de oficio sin cédula profesional, en la nómina de la Defensoría Pública hay otros 71 defensores que recibieron el nombramiento sin que en ese momento contaran con su título, omisión que en algunos casos se prolongó décadas, según los registros del Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo a la investigación, en la Ciudad de México hay 444 abogados de oficio para brindar defensoría legal gratuita a los ciudadanos que lo necesiten.
De ellos, 91 fueron contratados sin que contaran con cédula profesional, omisión que 71 de ellos resarcieron en los años o décadas posteriores, y otros 20 siguen sin cumplir con ese requisito hasta la fecha.
En 19 casos la Dirección General de Servicios Legales justificó esta situación asegurando que se trata de “defensores de oficio B, para lo cual no es requisito contar con cédula profesional”.
No hay «defensores B»
No obstante, la ley que rige la Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México establece que la titulación y la cédula profesional son requisito obligatorio para obtener el nombramiento de defensor de oficio, sin hacer consideraciones de ningún tipo en torno a categorías del cargo.
El reglamento de la institución no establece ninguna diferencia jerárquica entre defensores de oficio, no contempla la existencia de “defensores B”.
El más antiguo de estos defensores de oficio sin cédula profesional labora en la institución desde 1979, y el que menos tiempo tiene ocupando el cargo de defensor de oficio, sin jamás haber presentado su cédula profesional, fue contratado en 2015.
“De los otros 71 defensores de oficio que fueron contratados sin cédula, y a los que se toleró esta omisión por años o décadas, la autoridad tampoco formuló ningún tipo de explicación. El defensor de oficio que más tiempo ocupó el cargo sin contar con autorización para ejercer la profesional de abogado fue colocado en dicho puesto en 1985, y obtuvo su cédula hasta 2010, por lo que durante 25 años defendió a ciudadanos sin que realmente cubriera el perfil legal”, precisa la investigación.
Además de él, siete defensores de oficio ejercieron el cargo sin contar con cédula por lapsos que van de 20 a 23 años. Nueve realizaron estas funciones de 15 a 19 años sin contar con cédula, y 53 más incurrieron en esta omisión por lapsos que van de uno a 14 años.
