Tribunal exonera a de Antuñano, ex funcionario de Cuauhtémoc

A Pedro Pablo de Antuñano las autoridades capitalinas le encontraron  600 mil pesos en efectivo hace 3 años en un reten policíaco, en donde alegó que el recurso era  para producciones cinematográficas.

Sin embargo, Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito resolvió que no cometió falta alguna y se le intentó sancionar sin fundamento legal.

De acuerdo con la sentencia definitiva  275/2019 emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, “El servidor público no se encontraba obligado a realizar una actuación que no tenía justificación legal (declarar dentro del rubro de ingresos de su declaración de conclusión del cargo un préstamo personal), razón por la cual, la conducta que se le reprocha no fue apreciada correctamente por la autoridad, resultando indebida la fundamentación y motivación legal de la misma”, determinó el Tribunal.

Según los recursos de apelación: R.A.7012/2017 y R.A.7193/2017 emitidos por el Tribunal señalan que la Contraloría General de la administración Mancera buscó sancionar a De Antuñano sin existir una causa de por medio, por lo que se deberá ofrecer una disculpa pública al ex colaborar de Monreal.

“Con fundamento en la fracción II del diverso 128 del mismo ordenamiento legal se declara la NULIDAD de la resolución de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente administrativo CG/DGAJR/DSP/329/36161/2016 por el Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México”, señala el documento emitido por el Tribunal.

De acuerdo con la resolución legal el expediente de Pedro Pablo de Antuñano deberá quedar “limpio” de toda acusación, dejando sin efecto la sanción emitida por el Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

“Quedando obligada la demanda a restituir al actor en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, lo que en el presente caso se hace consistir en: dejar sin efectos la resolución declarada nula. Abstenerse a ejecutar la sanción administrativa impuesta a través de la resolución declarada nula o bien, en caso de que ésta haya sido materializada, deberá realizar las gestiones administrativas necesarias para que deje de afectarle al actos en sus intereses. Abstenerse de realizar en el registro correspondiente la inscripción de la sanción administrativa impuesta a través de la resolución declarada nula, o en su caso, realizar la acotación”, detalla la apelación.

También desde el 26 de febrero de 2017 la Procuraduría General de Justicia lo exoneró en materia penal, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia fiscal.

Llama la atención que este proceso se haya acelerado justo en el marco de los enroques previstos para enero en el gobierno federal en donde ya suenan varios nombres para dejar el campo de juego y se alistan los relevos de refresco para reforzar el segundo año de gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador.