Cuidar bienes del narco cuesta 110 mdp a la CDMX

A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) le ha costado 110 millones de pesos dar mantenimiento, pagar sueldos a elementos de seguridad y montar patrullas para el resguardo de los inmuebles que ha asegurado en la última década al narcotráfico.

La dependencia capitalina dio a conocer a Publimetro que son 127 edificios, casas y lotes que ha decomisado de 2010 a la fecha al crimen organizado en la Ciudad de México; sin embargo, debido a que se encuentran en litigio o sus dueños enfrentan una sentencia, es imposible subastarlos.

Esto podría generar una merma en los recursos del gobierno de la ciudad, de acuerdo con funcionarios y diputados, quienes buscan eliminar  los vacíos legales que existen en la normatividad para que estos bienes pasen al dominio del Estado, y no represente una carga financiera para el gobierno en turno.

Del total de inmuebles que se encuentran en resguardo, sólo cinco han sido destinados a otros fines de bienestar social, como lo estipula la ley; no obstante, el resto se encuentra en el abandono, pese a contar con seguridad y, en algunos casos, con recursos  para su mantenimiento.

Los gastos que han erogado las autoridades de la Ciudad de México ascienden, en promedio, a 10 millones de pesos por año, los cuales cubren el pago a personal de seguridad que vigila los 127 inmuebles y, en algunos casos, gasolina y el costo por mantener patrullas.

Del total de edificios que se encuentran “asegurados” por la Procuraduría, la alcaldía Cuauhtémoc es en donde se ubica el mayor número de predios, con más de 42%; le sigue Benito Juárez con 24%, Miguel Hidalgo 15% y Gustavo A. Madero 10%. El resto lo ocupan las demás demarcaciones.

Con vacíos legales

La Procuraduría General de Justicia capitalina también informó que, de 2010 al presente año, ejerció la extinción de dominio en  20 inmuebles que eran utilizados para cometer delitos de alto impacto.

Según las indagatorias, en este tipo de inmuebles se detectó que los propietarios permitieron la venta de droga, ejercían trata de personas, prostitución o, en su defecto, servían de “casas de seguridad” por grupos del crimen organizado.

Pese a que se aprobó la Ley de Extinción de Dominio, la cual consiste en la expropiación de bienes en donde se comprueba la ejecución de algún delito por parte de asociaciones criminales, el gobierno de la ciudad no ha podido hacerse de estos inmuebles para otros usos.

La PGJ de la Ciudad de México respondió a este diario, vía Ley General de Transparencia, que de 2014 a octubre de este año incautaron 65 inmuebles por extinción de dominio, pero sólo a 20 de ellos se les determinó esta figura.

La respuesta a la solicitud de información detalla que las alcaldías que mayormente presentaron una confiscación de bienes por hechos delincuenciales fueron Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

En tanto, las demarcaciones en las que no se presentó ninguna extinción de dominio fueron Cuajimalpa y Milpa Alta; mientras que Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco y Magdalena Contreras contabilizaron un sólo caso, respectivamente.

Pros y contras

• La ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean objeto o producto de ilícitos como delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos y petroquímicos y delitos contra la salud y trata de personas.
• También los bienes producto de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión estarían sujetos a este procedimiento.
• Sin embargo, especialistas en la materia advierten que existen vacíos legales en la normatividad, debido a que no se determina el plazo para que la autoridad se haga de los derechos de la propiedad y los usos que se les de a los inmuebles incautados.
• Incluso diputados federales y senadores afirmaron que la ley deberá estudiarse en los próximos meses para analizar los datos que arroje este alcance, ya que gobiernos estatales y locales ven lagunas legales en la aplicación de la extinción de dominio en los bienes inmuebles asegurados por las autoridades.