La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió garantizar la seguridad de las mujeres que denunciaron abusos sexuales en una escuela en Cancún, Quintana Roo, la cual es propiedad de los Legionarios de Cristo.
Esto con motivo del temor que las denunciantes manifestaron por eventuales represalias que pudieron recibir, tanto ellas como sus familiares, “por el hecho de levantar la voz en nombre propio y de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual”.
Las medidas de protección fueron solicitadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para garantizar la integridad de las mujeres, así como para prevenir cualquier vulneración de sus derechos por exponer sus casos a la opinión pública.
También se pidió a las secretarías de Gobernación (Segob) y a la de Educación Pública (SEP) trabajar con las organizaciones religiosas en la prevención y atención de los casos de violencia sexual, para diseñar estrategias en todas las escuelas públicas y privadas en esta materia y establecer mecanismos de denuncia oportuna en los casos que se susciten.
“Será especialmente importante trabajar para que esos mecanismos favorezcan la denuncia y eviten acciones o procedimientos que pudieran generar impunidad a favor de las personas presuntas agresoras. Se propone que los protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niños y adolescentes deben ser un requisito normativo que se exija para autorizar el funcionamiento de las escuelas privadas, aunado a su constante supervisión”, expuso la CNDH.
Protección de la niñez
Además, la CNDH señaló que las acciones diseñadas por la SEP tendrían que implementarse en todo tipo de asociación, institución, albergue, grupo o instalación dedicada a actividades educativas, incluidas las que está a cargo de instituciones religiosas, como lo establece Ley General de Educación.
Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades educativas y profesores tiene diversas obligaciones, entre ellas denunciar ante la autoridad cualquier acto de violencia en contra de los niños, así como supervisar la actuación de los agentes privados que prestan servicios educativos e implementar medidas de prevención y protocolos de respuesta.
“Estas acciones ocurren en el marco de diversas iniciativas en el Congreso de la Unión que proponen la imprescriptibilidad del delito de pederastia, con lo cual se busca una mayor protección de las víctimas quienes podrían denunciar los hechos en cualquier momento, incluso aunque hayan transcurrido años de su ocurrencia”, concluyó la Comisión.
