Desalojan a ejidatarios del aeropuerto tapatío; justifican el operativo

Pese a contar con recursos judiciales que respaldaban su accionar, la Guardia Nacional y policías estatales desalojaron a ejidatarios de El Zapote del aeropuerto tapatío; el gobernador defendió el proceder bajo el argumento de que se privilegió el bien mayor

Por Héctor Escamilla

Durante la madrugada de este miércoles, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal realizaron el desalojo de los ejidatarios de El Zapote que estaban en posesión del estacionamiento del aeropuerto internacional de Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, aplaudió la acción, pese a que los ejidatarios denunciaron que se violentaron sus derechos, pues cuentan con una sentencia que los denomina legítimos propietarios de los terrenos.

En el desalojo no hubo violencia, pero los ejidatarios acusaron que se ultrajaron sus derechos e, incluso, se desacata el mandato de un Tribunal Colegiado de Circuito que le da a los comuneros la propiedad de las tierras y obliga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al pago.

“Lo que no se vale es que la protesta esté afectando una instalación estratégica de la ciudad y del estado, y que puede entorpecer incluso las obras de renovación del aeropuerto (…) No vamos a permitir amagos… aquí se acepta la protesta, pero no se afecten a terceros”, justificó el gobernador Enrique Alfaro al ser cuestionado sobre el operativo.

El mandatario precisó que corresponde a la federación resolver si se le debe pagar a los inconformes y cómo se les va a pagar, o no.

Por su parte, los ejidatarios de El Zapote  anunciaron que será el viernes 14 de febrero cuando retomen las marchas por carretera a Chapala para exigir el pago de los terrenos que, aseguran, son de su propiedad y, además, que emprenderán acciones legales por presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos.

El representante legal de los afectados, Maximiliano Lomelí Cisneros, anticipó que pedirán a la Fiscalía Anticorrupción la investigación y destitución de Víctor Guajardo, delegado estatal de la Fiscalía General de la República, así como del ministerio público Pedro Maldonado, encargado de la Unidad de Atención Inmediata, y de Carlos Alvarado, agente del Ministerio Público, por su presunta colusión para favorecer los intereses empresariales del Grupo Aeroportuario del Pacífico, pues señalan que hubo corrupción.

“Estamos seguros que hubo dádivas económicas desde hace un par de meses, que fueron depositadas a las cuentas personales de estos señores, y queremos que investiguen sus cuentas bancarias, sus bienes”.

También pedirán una investigación sobre el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y sus socios, acusando el uso faccioso de la fuerza pública para el desalojo de los ejidatarios.

Mencionaron que recurrirán al Consejo de la Judicatura Federal para solicitar transparencia y certidumbre en la impartición de justicia.

De su parte, Nicolás Vega Pedroza, miembro del ejido El Zapote, explicó que el desalojo fue ante la presencia de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y advirtió que no permitirán obras en los terrenos que, asegura, les pertenecen.

“El 80% donde se van a hacer esas dichosas obras (anunciadas la semana pasada por parte del grupo aeroportuario) son del ejido El Zapote y el director negaba que necesitara terrenos, porque tenía en Santa Cruz del Valle y ahí no cabe más que un carrusel, ahí no cabe un aeropuerto”.

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