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ONG’s piden no ser excluidos de reformas contra violencia política

El Ovigem destaca que se deben incluir todos los tipos de agresiones en la nueva reglamentación, no sólo los que competen al ámbito político electoral

En vísperas del proceso electoral 2021, donde en Puebla se renuevan Ayuntamientos, además del Congreso local y federal, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem) y la Red Plural de Mujeres urgieron un marco regulatorio local que tipifique el castigo contra la violencia política de género y regule la reproducción del mismo en medios de comunicación.

El pasado 24 de junio, diputados del Congreso local presentaron una iniciativa de reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código de Procedimientos Electorales que plantea integrar a los medios de comunicación como sujetos que pueden perpetrar la violencia política en razón de género, sumando a los agentes estatales, dirigentes de partidos políticos, precandidatos y candidatos.

En entrevista con Publimetro, la directora del Ovigem, Samantha Páez Guzmán indicó que la regulación deberá incluir todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, pues es importante distinguir que la violencia mediática es aquella reproducida por los medios de comunicación a través de la difusión de texto, imagen, audio o video estereotipados que promueven la explotación de la mujer, la difaman, discriminan, humillan y atentan contra su dignidad o su imagen.

Indicó que con ello, se podría abarcar más tipos de violencia que no solo incluye a mujeres que ejercen derechos político-electorales, sino también amas de casa, sexoservidoras, y cuya iniciativa presentaron al Congreso por primera vez en marzo de 2019 y posteriormente en junio.

“Siempre hay un estereotipo en los roles de las mujeres, si es mala madre, si ha tenido varias relaciones, cómo viste o su apariencia física, lo cual no tiene que ver con la capacidad que tenga cuando llegue a un puesto de elección popular”, comentó.

Además, apuntó que para sancionar a los medios deberá tener que pasar por un “filtro” de algún organismo superior, a fin de no violar la libertad de expresión.

A su vez, mujeres de distintas fuerzas políticas que pertenecen a la Red Plural de Mujeres exigieron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, no excluir a la Comisión de Igualdad de Género de la discusión sobre las reformas para sancionar la violencia política de género en Puebla y “no legislar a modo”.

La ex diputada Socorro Quezada Tiempo, pidió a los legisladores poblanos no regresar a tiempos del sexenio morenovallista, marcado por “la persecución, la intolerancia y el intento de acallar las voces”, por eso, pidió que las mujeres que representan la Igualdad de Género deben ser tomadas en cuenta en el debate sobre la ley en materia de violencia política.

Nataly Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), recordó que en el proceso electoral del 2018, 62.5% de mujeres candidatas fueron víctimas de violencia y 81.3% de ex candidatas percibió o conoció violencia política contra las mujeres.

En 13 estados los congresos locales no han aprobado reformas constitucionales ni legales para frenar y sancionar la violencia política de género, y en el caso de Puebla, Veracruz y Yucatán, las legislaturas locales tienen hasta el 31 de julio para discutir y avalar iniciativas en la materia, de no hacerlo, las disposiciones para evitar la violencia política de género no podrán aplicar para la elección del próximo año.

CLAVE
Durante la campaña por la gubernatura de Puebla se habló 35% de la única mujer que contendió por el cargo y 65% por los tres varones que lo hicieron.
Las tres candidatas a la presidencia municipal aparecieron como actoras de la noticia 32%, mientras que los candidatos un 68%.

Las aspirantes a la senaduría fueron mencionadas en un 45% de las noticias y el 55% a los candidatos.

En medios, el lenguaje masculino genérico fue utilizado en un 73% aunque en el plural había aspirantes mujeres, mientras que solo el 27% utilizó un lenguaje incluyente.
Fuente: Ovigem

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