La ex guerrillera Victoria Sandino reconoce que hubo violencia sexual en las FARC
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional ideada en el acuerdo de paz de Colombia, ha dictado medidas cautelares a favor de los ex guerrilleros de las FARC ordenando al Gobierno que tome acciones para «garantizar su vida y su seguridad», después de que mas de 200 ex combatientes hayan sido asesinados en los últimos años.
«La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medidas cautelares colectivas a los ex combatientes de las extintas FARC que están sometidos a la jurisdicción», ha informado en un comunicado.
La JEP ha indicado que ha dado este paso «luego de constatar que, pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales: más de 200 comparecientes han sido asesinados».
En concreto, ha actuado ante «la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de ex combatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.
Así, ha ordenado al Alto Comisionado para la Paz, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección «llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil».
Al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le ha urgido a «realizar las gestiones necesarias para la efectiva puesta en funcionamiento del Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo movimiento político FARC» y a presentar las líneas generales del plan para desmantelar las organizaciones criminales culpables de los asesinatos.
Al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le ha encargado «convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección para definir las medidas que correspondan frente a solicitudes con análisis de riesgo», así como la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
En cuanto a la Unidad Nacional de Protección, la JEP le ha exhortado a «impulsar de manera coordinada con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección la adopción e implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección», implementar «las medidas de protección pendientes» y «realizar estudios de riesgo para los comparecientes que lo solicitan».
«Para la Sección de Ausencia de la JEP, la seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantía de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno», ha indicado.
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia sufre una ola de violencia por la pugna entre grupos rivales para apoderarse de los antiguos territorios y negocios de la extinta guerrilla. Los ex combatientes y los líderes sociales han sido las principales víctimas.
VIOLENCIA SEXUAL EN LAS FARC
La JEP es la justicia transicional diseñada en el acuerdo de paz, que contempla sanciones alternativas y penas de cárcel menores para quienes confiesen los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
En este sentido, la ex guerrillera y hoy senadora Victoria Sandino reconoció el jueves, en el marco de un debate parlamentario sobre violencia sexual, que en las FARC se produjeron abusos sexuales.
«Yo reconozco que estos hechos se presentaron en la organización. No conozco a profundidad los hechos, pero se debieron presentar, estoy segura de que se presentaron porque estábamos en el marco del conflicto y tenían armas y eran hombres machistas», dijo, según recoge Caracol Radio.
Sandino lo achacó más que a las FARC, donde había «normas rigurosas», al contexto social. «Esos hechos de una u otra manera se presentaban, porque son hombres y mujeres que venimos de la misma sociedad, esta sociedad que victimiza en particular a las mujeres», indicó.
