Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto tráfico de influencias para que Pemex asignara contratos de manera directa a su empresa.
Los legisladores recordaron que Litoral Laboratorios Industriales participó en dos contratos con Pemex en la presente administración, el primero por un monto de 133 millones de pesos y el segundo por 231 millones.
Además de eso, también tuvo adjudicaciones directas con otras instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, el IMSS y el ISSSTE, por diversos montos económicos.
“Aunque López Obrador intentó descalificar la información que se dio a conocer respecto a su prima, Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar. Una vez que se hizo pública la asignación de los contratos a Litoral Laboratorios, Pemex anunció la rescisión de los mismos y ordenó una investigación para deslindar responsabilidades”, explicaron los diputados.
Sin embargo, haber obtenido los contratos configurarían los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Según lo establecido en el artículo 220 del Código Penal Federal, se comete delito de ejercicio abusivo de funciones cuando un servidor público otorga ilícitamente contratos o realiza cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos a sí mismo, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado.
También abarca a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público forme parte, dicho delito será sancionado con entre dos años a 12 años de prisión y de 150 días de multa.
Por último, la fracción parlamentaria del PRD también manifestó que el artículo 221 de mismo Código establece que se comente tráfico de influencias cuando un servidor público y un particular indebidamente solicitan o promueven cualquier resolución de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para algún pariente, delito que está penado con dos a seis años de prisión y de 30 a 100 días de multa.
