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Noticias 19/12/2020

Nicaragua.- Las críticas no evitan que la ley de agentes extranjeros empiece a cobrarse víctimas en Nicaragua

Las ONG anticipan medidas arbitrarias que amenazan también a los opositores al Gobierno de Daniel Ortega

Las ONG anticipan medidas arbitrarias que amenazan también a los opositores al Gobierno de Daniel Ortega

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros nació viciada en Nicaragua, entre las críticas de opositores y ONG que temen que el Gobierno de Daniel Ortega se haga valer de la ambigüedad de la norma para restringir aún más el espacio de la sociedad civil y la disidencia. El anuncio del abandono de la ONG sueca We Effect pone de manifiesto los efectos colaterales de una ley que, según el oficialismo, solo aspira a mejorar la seguridad.

La reforma entró en vigor con su publicación en el boletín oficial el 19 de octubre, después de un proceso parlamentario en el que oficialismo hizo valer su mayoría para aplacar las críticas. El texto apela a combatir la “injerencia extranjera”, para lo cual dota al Ministerio de Gobernación (Interior) de un mayor poder de control sobre personas y organizaciones.

Para el sandinismo, es un “agente extranjero” toda organización o persona que “perciba fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea”.

Dichos ‘agentes’ no podrán participar en la vida política nacional, aunque tengan nacionalidad nicaragüense, y quedarán a merced del Ministerio de Gobernación, “encargado de la regulación, supervisión y sanción”. La ley establece algunas excepciones, pero las organizaciones de la sociedad civil y los opositores políticos se sienten señalados.

La ONG sueca We Effect publicó el 11 de diciembre un comunicado en el que anunciaba el fin de sus operaciones en Nicaragua “con efecto inmediato”, temerosa de unas sanciones que van desde multas y confiscación de activos hasta penas de cárcel. La organización pone fin a 35 años de despliegue en los que ha trabajado para combatir la pobreza y el hambre.

“La ley es otro ejemplo de que el espacio democrático se está reduciendo en el mundo. Especialmente durante la pandemia de COVID-19, hemos visto que las libertades y los derechos fundamentales de las personas se reducen”, ha lamentado la secretaria general de We Effect, Anna Tibblin.

LA AMBIGÜEDAD DE LA NORMA

La ONG ha explicado que no ha encontrado “ninguna forma viable” de evitar el registro, abierto hasta el 14 de enero de 2021. Pasado ese plazo, los ‘agentes extranjeros’ no podrán participar en actividades políticas, pero es precisamente la nula definición de este último concepto lo que más preocupa.

“Exactamente cómo se define una actividad política todavía no está muy claro”, apuntó We Effect en su nota, al igual que ya advirtieron en septiembre –con la ley aún en trámites parlamentarios– más de una treintena de ONG, entre ellas Amnistía Internacional.

Estas organizaciones avisaban de que “la vaguedad de la redacción de varios de los artículos de la iniciativa de ley otorga una grave discrecionalidad y restringiría los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses”. Consideraban que la reforma da pie a “inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación” y puede servir como “instrumento de represión”.

A nivel internacional, las críticas al Gobierno de Daniel Ortega han llegado desde el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y de gobiernos como el de Estados Unidos, que coincide en que la “discrecionalidad de la nueva ley permite que se convierta en “herramienta de represión”.

El secretario de Estado adjunto norteamericano para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, expresó esta semana en un encuentro con periodistas su preocupación por una reforma que tiene “un efecto inhibidor sobre las actividades de la sociedad civil”, en un momento clave ante las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.

“Los críticos de la ley coinciden en que su verdadera intención es impedir que candidatos opositores y simpatizantes de oposición participen en las elecciones”, según Kozak. A su juicio, la regulación no persigue a los “verdaderos agentes extranjeros”, como pueden ser los gobiernos de Cuba, Venezuela y Rusia.

“Eso muestra con quiénes tienen afinidad y que el régimen no tiene ningún problema con que esos poderes extranjeros actúen en la política nicaragüense, pero al mismo tiempo se intenta impedir que ciudadanos, sociedad civil y medios de comunicación nicaragüenses tengan una participación en su propia sociedad. Por eso, el nombre mismo de la norma es una falacia”, ha sentenciado.

BATERÍA DE MEDIDAS

Estados Unidos está dispuesto a aumentar la “presión” sobre Ortega –“Nicaragua merece algo mejor”–, ya que considera que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros no es sino un exponente más de los esfuerzos del Gobierno para recortar, a golpe de leyes, los derechos y libertades de la población nicaragüense. “Interponen incluso mayores obstáculos a la participación democrática”, ha lamentado Kozak.

Las organizaciones de Derechos Humanos y los movimientos opositores nicaragüenses también han cuestionado la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre y que plantea sanciones para quienes publiquen lo que las autoridades consideren como información “falsa” o “tergiversada”, con penas de hasta cinco años de cárcel en caso de que puedan poner en riesgo la estabilidad nacional.

La Asamblea Nacional está estudiando, además, una reforma constitucional que eleva de 30 años de prisión a cadena perpetua la pena máxima para los delitos de odio. También en este caso el principal riesgo está en la ambigüedad de lo que pueda considerarse odio, por lo que la oposición se siente en el punto de mira.

Los sectores opositores temen que Ortega esté blindándose ante posibles escenarios como los de abril de 2018, cuando se produjeron las mayores protestas contra su Gobierno. La reforma de la seguridad social prendió la mecha de unas movilizaciones que se saldaron con más de 300 fallecidos y concluyeron con una salida en falso de las autoridades.

El líder sandinista ofreció un diálogo que fracasó en un primer momento por su negativa a adelantar las elecciones y que, en los intentos posteriores de acercamiento, tampoco se ha traducido en reformas claras en favor de la democratización del país centroamericano. Estados Unidos y la UE han sancionado a personas y entidades del entorno de Ortega precisamente a raíz de las protestas.

El horizonte viene definido ahora por los comicios presidenciales, en los que Ortega podrá concurrir de nuevo gracias a otra polémica reforma que eliminó los límites de mandatos en Nicaragua. La maquinaria sandinista trabaja ya para que amplíe aún más su tiempo en el poder –gobernó desde 1979 a 1990 y su periodo actual comenzó en 2007–, con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, como lugarteniente y altavoz.