El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se salió con la suya y ha endeudado por 30 años al estado.
Lo anterior luego de que el Congreso local aprobara una iniciativa, enviada por el mandatario, para la construcción del puente Nichupté, bajo un esquema de una Asociación Público-Privada.
Este puente vehicular busca conectar el centro de Cancún y la zona hotelera, atravesando gran parte de la laguna Nichupté. Tendrá una longitud de 8.6 kilómetros y costará cuatro mil 500 millones de peso que la entidad tendrá que pagar en un plazo de 30 años.
“La iniciativa es que una empresa privada construya el puente con una inversión estimada de cuatro mil 500 millones de pesos, y luego el estado le pague durante un plazo de 30 años: dos años de construcción y 28 de operación”, afirmó a Milenio Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado (Agepro).
Explicó que tras la aprobación en el congreso, el siguiente paso es abrir el proceso a licitación pública internacional que permita realizar la contratación, bajo las mejores condiciones de mercado, para la construcción, así como para la correcta operación del proyecto y su mantenimiento por los próximos 30 años.
En este tenor, sostuvo que este será un proyecto emblemático para Quintana Roo. “El Puente Vehicular Nichupté es un proyecto sin precedente en la historia de nuestro estado, al ser el primer proyecto de Asociación Público-Privada, que contribuirá además a la reactivación económica con la generación de más de seis mil fuentes de empleo entre directos e indirectos”.
Al respecto, el senador José Luis Pech señaló que este proyecto del puente Nichupté compromete más de 20 mil millones que recibirá el gobierno estatal. Asimismo, calificó como lamentable que se haya discutido en menos de dos días y en lo oscurito.
En ese sentido, el diputado local en Quintana Roo, Roberto Erales Jiménez, quien votó en contra de este proyecto, dijo que es una obra que se complementará con el Tren Maya y detonaría la economía en el estado, pero es necesario que se deje de ocultar información para conocer a detalle la propuesta financiera y sin tantos tecnicismos.
“Ya es tiempo de que el gobierno estatal abandone su política opaca y muestre disposición a transparentar la política financiera y de gasto con motivo de la emergencia sanitaria, al igual que las obras de infraestructura anunciadas, ya que falta transparencia”, comentó.
La Agepro aseguró, en una ficha informativa, que el puente y sus ingresos serán del estado porque se trata de una Asociación Público-Privada y no de una concesión.
“La diferencia entre una figura y otra es que en la concesión el estado concede a un privado la explotación de un bien público y en consecuencia los ingresos generados por este bien pasan a a ser del privado. En contraparte, con una APP, el bien público y sus ingresos quedan en poder del estado”, señaló el organismo.
En este sentido, dijo, el puente no será privatizado, sino que será una vía de comunicación de propiedad estatal, que generará ingresos propios para cubrir la contraprestación que Quintana Roo pagará al desarrollador por concepto de inversión y mantenimiento.
