El INAI es el Organismo Público Autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. Ahora está en el ojo del huracán ante a propuesta del Presidente de la República al considerar desaparecer éste y otros órganos autónomos.
Sobre el particular, el presidente AMLO señala que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría encargarse de los asuntos de transparencia, pues piensa que los organismos administrativos sirven para simular que se combate la corrupción.
¿Qué es el INAI y para qué sirve?
El actual INAI tiene raíces en lo que fue el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), creado en 2002 bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Este organismo ha permitido que cualquier ciudadano mexicano sea capaz de pedir información sobre los tres niveles de gobierno y cualquier organismo público autónomo.
Esto ha convertido al INAI en una garantía de transparencia, que es fundamental para el combate contra la corrupción y la rendición de cuentas. Sobre todo porque se trata de un organismo autónomo.
Esto quiere decir que el diseño institucional supone que los comisionados que forman parte del pleno no tengan otro empleo o cargo público, lo que los hace menos vulnerables a ser manipulados por el poder.
Es importante que quien se encarga de la transparencia no sea juez y parte, porque en ese caso podrían falsearse los datos. A su vez, es importante el anonimato de quien consulta para proteger su identidad de posibles revanchas.
¿Qué escándalos ha revelado el INAI?
Aunque el presidente se deshace en opiniones negativas sobre el INAI, que tiene una importante asignación presupuestal, porque dice que no ha ayudado a reducir la corrupción, la verdad es otra.
En realidad, un organismo como este nos ha permitido documentar y conocer mejor los casos de corrupción, que ha involucrado elevadas sumas de dinero público. ¿Sabe usted porqué no sabemos muchos datos sobre el sexenio de José López Portillo, salvo su casa en las Lomas o los excesos de Arturo Durazo? Porque en esos tiempos anteriores al neoliberalismo, que tanto extraña el presidente, no existía un organismo que lo investigara, sino que fueron periodistas que arriesgaron su integridad.
El IFAI, luego INAI, permitió que conociéramos el costo de las toallas de baño en los Pinos bajo el gobierno del presidente Fox (el llamado toallagate), el costo de la estela de luz, la casa blanca de Angélica Rivera, algunas piezas sobre el caso Odebrecht, la estafa maestra, entre otros desfalcos de gobiernos locales, como el de Javier Duarte, Roberto Borge o Humberto Moreira. Y podríamos decir que son investigaciones periodísticas que tuvieron nombre y apellido, pero sin el INAI proporcionando los datos hubiera sido más difícil de hacer.
¿Por qué es peligroso que estas labores las desempeñe la SFP?
Darle tareas de un organismo autónomo a una dependencia federal es peligroso porque en ese caso puede ocultarse, maquillarse y negarse la información a placer, además de que la seguridad de los implicados en las consultas no está segura al no haber anonimato.
En este sentido, es importante no centralizar el poder de esta forma. Pensemos en que antes de que hubiera un Instituto Federal Electoral (IFE, luego INE), las elecciones las organizaba la secretaría de gobernación y no había escrutinio ciudadano. Bajo este modelo eran frecuentes los fraudes, como el que organizó Lázaro Cárdenas contra Juan Andreu Almazán en la elección de 1940, o el tristemente célebre fraude que orquestó Manuel Bartlett, secretario de gobernación de Miguel de la Madrid (y actual director de la CFE) contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.
Esto viene al caso porque cuando AMLO fue jefe de gobierno del Distrito Federal intentó acabar con la transparencia y la rendición de cuentas convirtiendo las cuentas sobre sus obras públicas en secreto de estado en periodos de siete meses a doce años. Tal vez el presidente asume que solo con que el sea honesto ya no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, y por tanto hay dinero ilimitado en las arcas públicas. Sin embargo, la transparencia es urgente para que los ciudadanos exijamos cuentas claras a nuestras autoridades, por más divinas que se asuman.
INAI en medio de la polémica
En medio de la polémica por su posible desaparición, el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) dio a conocer este domingo que en los primeros 11 meses de 2020 sumó casi 40 millones de pesos por distintas infracciones.
“De enero a noviembre de 2020, el INAI impuso multas por un monto total de 39 millones 324 mil pesos a personas físicas y morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, dio a conocer el organismo.
“De acuerdo con los registros del Instituto, los sectores económicos más sancionados son el de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; seguido del de construcción; el de servicios profesionales, científicos y técnicos, y el de servicios financieros y de seguros”, detallaron.
Entre las conductas más frecuentes que son motivo de una sanción, se encuentran el tratamiento de datos personales en contravención de los principios previstos en la Ley; recabar o transferir información personal sin el consentimiento de los titulares; obstruir actos de verificación de la autoridad; omitir uno o más requisitos en el Aviso de Privacidad, y el manejo indebido de datos sensibles.
En los primeros 11 meses de 2020 se instauraron 32 Procedimientos de Imposición de Sanciones y se concluyeron 461 iniciados en años previos, de los cuales derivaron las multas impuestas por el INAI por la cantidad referida, ahondó el Instituto.
Asimismo, se iniciaron 220 Procedimientos de Protección de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); 98 de Acceso, 10 de Rectificación, 117 de Cancelación y 38 de Oposición al tratamiento de los datos. “Cabe destacar que en un solo procedimiento se pueden ejercer uno o más de estos derechos”, recordaron.
