El viernes el Gobierno decidirá si dimite por la acusación condenatoria de un informe
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Este miércoles en un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno de Países Bajos, liderado por el primer ministro, Mark Rutte, ha acabado de debatir un informe publicado a finales de 2020 en el que se detalla cómo la Administración acosó a las familias para que devolvieran las prestaciones otorgadas para el cuidado de los hijos.
Rutte ha explicado que el gabinete se volverá a reunir el viernes en el Consejo de Ministros ordinario para debatir los siguientes pasos, aunque no ha descartado la posibilidad de disolver el Gobierno, a escasas semanas de las elecciones de marzo.
El texto que ha destapado estas prácticas revela que las agencias gubernamentales acusaron a 20.000 padres de fraude ante los tribunales y los obligaron a devolver las prestaciones que habían recibido por sus hijos, unos subsidios que se les había otorgado conforme a la ley.
No obstante, en muchos casos el fraude alegado por la Administración se limitaba a algunos papeles incompletos, mientras que en otros las familias recibieron más dinero del que, a priori, les correspondería debido a las fluctuaciones de sus ingresos.
A pesar de que aparentemente el fraude del que se le acusaba no fue causado por ellas mismas, a las familias se les exigió devolver el dinero, mientras que muchas de ellas, de bajos ingresos, ya se lo habían gastado, lo que las dejaba al borde de la quiebra y las obligó a pedir préstamos para poder hacer frente a los pagos.
Además, el informe también reflejaba que 11.000 familias habían sido sometidas a controles adicionales porque tenían una segunda nacionalidad, lo que va en contra de la prohibición de discriminación de la Constitución holandesa, según recoge el canal de noticias Dutch News.
Desde que se destapara el caso, el Gobierno ha pedido disculpas y ha ofrecido una indemnización de unos 30.000 euros por familia, sin embargo la oposición y las víctimas han pedido al Gobierno su renuncia.
Aunque Rutte aseguró ayer que no renunciará, alegando a que el país necesita estabilidad para afrontar la pandemia, la decisión de disolución del Gobierno depende principalmente de los socios de la coalición.
En el hipotético caso de que finalmente cayera el Gobierno de Países Bajos, el todavía primer ministro no se vería afectado, ya que lidera con mucha ventaja las encuestas de intención de voto de los próximos comicios como líder del conservador Partido Popular para la Libertad y la Democracia.
Esta semana, 20 familias han iniciado acciones legales contra cinco ministros de la Administración, entre ellos el de Finanzas, Wopke Hoekstra, y el líder del Partido Laborista (PvdA) –miembro de la coalición de Gobierno–, Lodewijk Asscher, quien estuvo al frente de la cartera de Asuntos Sociales, por su participación.
El martes 19 se debatirá el informe en el Parlamento, cuando el partido de la oposición GroenLinks planea presentar una moción de censura contra todo el Gobierno, una acción apoyada por el Partido Socialista y la extrema derecha del Partido por la Libertad (PVV), que suman un total de 44 de los 150 escaños del Parlamento, aunque no cierran la puerta a conseguir sumar a otros parlamentarios.
