MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La UE ha alcanzado un acuerdo con Irlanda para desactivar la crisis provocada por la posible reimposición de controles en la frontera con Irlanda del Norte para evitar el paso de vacunas por el que Dublín deberá elaborar un registro de todas las dosis que pasen a Reino Unido. Bruselas se compromete así a que no bloqueará la frontera.
El viernes trascendió un documento legal de la UE por el que ante la escasez de vacunas se apuntaba a controles en la frontera norirlandesa para evitar la fuga de dosis. El texto fue rectificado esa misma noche tras las críticas de Londres y Dublín y ya el sábado se ha anunciado el nuevo pacto.
En concreto, Irlanda deberá contabilizar el número de vacunas que se envíen a Irlanda del Norte, lo que evidencia la preocupación de Bruselas sobre el posible envío de dosis al resto de Reino Unido aprovechando que Irlanda del Norte sigue formando parte del mercado único.
La ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, llegó a acusar el viernes a Bruselas de un «acto hostil» por su decisión y ya el sábado ha emplazado a Londres a activar la cláusula que permite a cualquiera de las dos partes suspender el acuerdo comercial que ha culminado el Brexit.
El sábado han hablado el vicepresidente de la Comisión y comisario del Euro y de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, con el ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab. «Una construcción constructiva la de esta tarde» con Dombrovskis, ha publicado Raab en Twitter.
«Me ha asegurado que la UE no tiene intención de bloquear a los proveedores con contrato para la distribución de la vacuna en Reino Unido. El mundo está observando y solo mediante la colaboración internacional derrotaremos esta pandemia», ha añadido.
El jefe de gabinete del Gobierno británico, Michael Gove, también ha indicado que esperan que las vacunas fabricadas en la UE por Pfizer y AstraZeneca lleguen a Reino Unido sin inconvenientes. La UE ha reconocido que «ha cometido un error», ha indicado Gove.
El Artículo 16 del protocolo permite a ambas partes imponer controles en la frontera cuando consideren que de lo contrario se generen «dificultades económicas, sociales o medioambientales».
