Regulación de redes sociales, que contempla suspensión de cuentas, divide opiniones

La propuesta del senador de Morena, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales en México, generó un gran debate en torno a la necesidad de esta situación en el país.

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Luego de darla a conocer, el también líder de la bancada en la Cámara Alta, advirtió que busca proteger la libertad de expresión en los espacios virtuales y que «no quitara el dedo del renglón»; sin embargo, una de las voces que ya expuso su oposicion fue la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

Aseguró que tendría efectos negativos a los buscados, pues tiene claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia, pues no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión.

Además de que atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EUA ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos.

Y se pone en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada.

Se afectaría a usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables, pues no se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenido que se dan de baja diariamente a través de sistemas de Inteligencia Artificial por violar las políticas de las plataformas.

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«La premisa de la que parte la iniciativa no es garantista, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas de una red social determinada, a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada. Asimismo, se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en Internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)», señala.

Al respecto, el especialista en redes sociales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, Miguel Ángel Ramírez Jarquín, advirtió que se trata de una regulación necesaria, pues México ya presenta un rezago en el tema y es lamentable que esta situación se mantenga la incidencia tan fuerte de particulares en la dinámica nacional del país.

En una entrevista con Publimetro, dijo que el papel que van a jugar los actores políticos, especialistas, ciudadanía y la oposición en general, tendrá que ser de sumar con el gobierno, para evitar que se polarice la conversación y se logre una regularización objetiva y funcional.

«No debemos verlo con miedo a la censura, sino como regulación necesaria en la que todos debemos participar más allá de estar o no de acuerdo», dijo.

¿Cuál es tu lectura de la iniciativa que se presentó en materia de redes sociales?

—Es totalmente necesaria, algo importante con esta regulación es que la iniciativa es muy buena y necesaria, además de que vamos atrasados en relación con el mundo con el punto de salida hacia un debate, entendimiento y una regulación de estas nuevas plataformas digitales de comunicación y expansión de la información.

Ahí es donde está la clave, el que las redes sociales se hayan convertido en esta arma valiosísima, pero también peligrosísima de difusión de la información en los diferentes segmentos sociales con discursos radicales polarizados pone en jaque a los estados del mundo.

Dentro de las plataformas digitales hay una dinámica e interacción global en la que las tendencias y la forma en la que se va desarrollando la actividad está determinada por la dinámica del algoritmo que la plataforma misma está echando a andar y las plataformas como tal no se hacen responsables de lo que los usuarios puedan generar a través de las mismas plataformas.

Este es el tema polémico en cuanto a los particulares en que se les cuestiona por qué no se responsabilizan de lo que está pasando en su propio espacio o desarrollo.

¿Qué observas como puntos centrales?

—La subjetividad de planteamientos de conceptos polémicos que han salido a flote los últimos días como la libertad de expresión, derechos humanos, polarización política, tendencias y que todos estos tipod de discusiones que se han dado y que hoy en México por lo menos, son temas que los está regulando la plataforma misma. Ellos deciden qué es bueno, qué malo y de qué se puede hablar o no dentro de un espacio territorial, desde un punto de vista extranjero, lo que resulta gravísimo: el que un extranjero pueda decidir cuál es la agenda política de otro país y no solo México, porque sabemos todos el alcance de estas redes.

¿Cuál es el foco rojo o la advertencia en este tema?

—La atención debe estar en cómo va a darse la discusión y cómo avanza. El foco rojo está en que esta regulación se haga desde una sola visión política, ya sea desde la presidencia o el grupo de mayoría política en el país, que es Morena.

De manera clara, Morena tiene las condiciones políticas para que las leyes sean aprobadas, lo han demostrado en muchísimos escenarios; sin embargo, el que pasara de forma directa, sin que se pusiera el tema a discusión sería muy malo.

En Estados Unidos hoy tienen en varios puntos del Congreso la modificación al artículo 130 y en Reino Unido, se han dado modificaciones a la Ley de Protección de Datos y al comportamiento que hay en las diferentes plataformas digitales, pero ha sido por consenso y debates, en donde se suman diferentes visiones políticas y sociales. Además de que especialistas tecnológicos ayudan a que se homogenice una idea y sea “ad hoc” al contexto social, cultural y político y sobre todo adaptado a la dinámica de comunicación que se está dando dentro del espacio que está ocurriendo, eso es lo que tendría que pasar en México.

Rezagarnos haría una regulación en muchas aristas en algo que no es nuevo, pero que está años luz a las legislaciones y marcos jurídicos y que han puesto en jaque al Congreso más poderoso, como el de EU.

¿Se está mal entendiendo esta propuesta o por qué las voces negativas?

—No se mal entiende, creo que hay ignorancia profunda en torno a toda la vulnerabilidad que tenemos en torno a los ecosistemas digitales y se ha venido manejando un poco la dinámica del gobierno actual que a pesar de que comenzó con una bandera de transparencia ha sido muy poco transparente y ha querido echar a andar una ley en la cual va a decidir el ejecutivo y no un órgano autónomo.

¿Debería de regular un órgano autónomo las redes sociales?

—Este tipo de regulaciones debería de venir de un organismo autónomo tipo INAI o estas entidades que pueden transparentar datos, regular la tendencia y el debate de la iniciativa y que no sea una acción autoritaria, porque lo que realmente se está viendo como peligro es que más allá de ir y hablar de este tema progresista y caer al otro lado con países como Cuba, China y Venezuela, que más allá de hacer una regulación por protección a los usuarios en realidad se hizo protección determinada de lo que se puede o no hablar con base en un discurso de gobierno.

El riesgo que se está viendo es que si no se hace de manera abierta y transparente, la oscuridad puede llevarnos a una iniciativa autoritaria, es factible con las condiciones políticas que tenemos hoy.

Los puntos principales de la iniciativa

1. Solo propone regular las redes sociales relevantes, es decir, aquellas que tienen más de un millón de usuarios.
2. La multa por vulnerar la libertad de expresión en redes sociales es de hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización vigentes en la CDMX, equivalente 89 millones 620 mil pesos.
3. El IFT será la instancia que fungirá como árbitro entre la empresa y el usuario en el caso de la cancelación de una cuenta.
4. Redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, deberán tener permiso del IFT.
5. En caso de que haya incumplimiento de sus términos y servicios en las redes sociales, se podrá suspender temporalmente cuentas y eliminar contenido, utilizando algoritmos o tecnologías automatizadas.
6. Una cuenta sólo podrá ser cancelada definitivamente si se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público; o se usó para afectar los derechos de las y los menores de edad.

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