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La detención del ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, y su declaratoria de sentencia en un Tribunal de Texas por el delito de lavado de dinero, resurge la polémica de una cadena de gobernadores detenidos en México y otros países. Durante, al menos los años recientes, diferentes ex mandatarios de las entidades del país cumplen condenas en prisiones estadounidenses o mexicanas.
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Entre los delitos más frecuentes de los cuales se les acusa son el blanqueo de capitales, sus nexos con bandas del crimen organizado, el ejercicio indebido del servicio público, corrupción e, incluso, desaparición forzada.
Javier Duarte
Uno de los casos más emblemáticos de corrupción en los gobiernos estatales es el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. Luego de pedir licencia al Congreso del estado por las investigaciones en su contra, fue detenido en Panajachel, Guatemala por los delitos de delincuencia organizada y asociación delictuosa. Sin embargo, después de ser extraditado a México solo se le imputaron los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que rebajó su pena a nueve años.
Tomás Yarrington
El ex gobernador de Tamaulipas fue detenido en Florencia, Italia, y extraditado a Estados Unidos por nexos con el narcotráfico (Cártel del Golfo), extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero. En enero de 2021, se declaró culpable por lavado de dinero ante la Corte Federal de Brownsville, Texas. El ex priista podría pasar tras las rejas hasta 20 años.
Roberto Sandoval
Es el caso más reciente, pues la policía aprehendió el ex gobernador de Nayarit el 6 de junio, día de la elección intermedia, en un rancho de Nuevo León. Se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público. Tras la audiencia con el juez, se le vinculó a proceso y prisión preventiva únicamente por dicho delito. Le desestimaron otros cinco en su contra.
César Duarte
El mismo día de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, detuvieron al ex gobernador de Chihuahua en Miami, Florida. La aprehensión la realizaron autoridades estadounidenses con fines de extradición, solicitados por la FGR. Se le acusa por el delito de desvío de recursos en la “Operación Zafiro” que destinó dinero a campañas del PRI. En específico, México solicitó su extradición por peculado y asociación delictuosa; sin embargo, un tribunal le concedió un amparo contra la extradición.
