La consultora Integralia, que encabeza el exconsejero presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, publicó su último reporte sobre crimen organizado y elecciones, en el que reveló que en este proceso electoral hubo 30% menos políticos y candidatos asesinados, con 143, en comparación con los comicios de 2017-2018, con 200.
La situación se debe, probablemente, a la contingencia sanitaria por Covid-19, que modificó la forma de hacer campaña y redujo las oportunidades para llevar a cabo este tipo de atentados, agregó.
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Sin embargo, este proceso electoral sigue siendo uno de los más violentos, pues Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 299 víctimas, 179 fueron mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular; 64% aspiraban a ocupar presidencias municipales.
A partir de los resultados del pasado 6 de junio, en el estudio Crimen Organizado y el Proceso Electoral 2020-2021, Integralia reveló que Morena gobernará en seis de las 10 entidades con las tasas de homicidio doloso más altas del país: Colima (77.8 víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes), Baja California (77.3), Zacatecas (61.1), Sonora (50.0), Michoacán (49.2) y Guerrero (38.5).
Por su parte, el PAN gobernará en tres de esos 10 estados: Chihuahua (69.5), Guanajuato (69.0) y Quintana Roo (37.0). El PES, con Cuauhtémoc Blanco, encabeza el último, Morelos, con una tasa de 44.3 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Integralia también reveló que de los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a ayuntamientos en las elecciones, Morena obtuvo el triunfo en ocho; el PAN gobernará siete; MC, cinco; el PRI, cuatro; Verde, tres, y Unidad Ciudadana, uno.
Detectó que los márgenes de victoria en 64% de los municipios donde hubo asesinatos fueron más altos que el promedio nacional. Además, sólo en 10 de esos municipios ganó en las elecciones el partido de la víctima.
«En 54% de los municipios en donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección en los ayuntamientos se registró un porcentaje de participación ciudadana superior al promedio nacional. Esto podría indicar que los incidentes de violencia no desincentivaron la participación ciudadana.
«El crimen organizado busca controlar gobiernos locales para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos. Interfiere en procesos electorales a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores», añadió.
