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Ilegal y autoritario, operativo de la Udlap: Fundación Jenkins

De acuerdo con los primeros reportes, la toma de las instalaciones se derivó de un conflicto legal que implica a la familia Jenkins

Autoridades estatales toman instalaciones de la UDLAP

La Fundación Mary Street Jenkins calificó de ilegal y autoritario el desalojo en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) por elementos de la Policía Estatal del Gobierno de Puebla.

A través de un comunicado, fechado en Zapopan, Jalisco, apuntó que el Patronato de la Fundación Jenkins cuenta con una suspensión federal para evitar que terceros usurpen sus funciones.

“La intervención en la UDLAP es un acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de Derecho. La violación a la suspensión federal constituye un fraude a la ley”, señala.

El patronato, en el que participan diversos miembros de la familia Jenkins de Landa, exhortó a las autoridades de Puebla a acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades.

“Ningún diferendo de carácter administrativo está por encima del interés de miles de estudiantes y sus familias, que «son afectados por una acción injustificada mediante el uso de la fuerza pública estatal”, refiere.

La fundación reitera que hay una campaña de desprestigio en su contra, que ha derivado en acciones contrarias a la ley como los hechos ocurridos hoy en la UDLAP.

Las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) fueron tomadas la mañana de este martes, en un presunto acto de la recuperación del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins.

De manera extraoficial, se sabe que autoridades judiciales de Ciudad de México y del estado de Puebla ordenaron este 28 de junio, que se restituyera a la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones.

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Aunque de momento las autoridades no han emitido información oficial, los primeros reportes señalan que esta toma de las instalaciones se debe a un proceso legal en el que estaría involucrada la familia Jenkins ante la Fiscalía General de la República por la marca y el logotipo de la universidad.

En el lugar, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, los uniformados estatales pidieron la salida de profesores, alumnos y administrativos que se encontraban dentro y solo se presentó un conflicto con la seguridad privada de la universidad.  

También, todos los accesos se encuentran bloqueados por patrullas estatales, mientras que algunas grúas ingresan para retirar vehículos oficiales de la institución.

En redes sociales circularon los videos del momento en que elementos de seguridad tomaron las instalaciones de la Universidad de las Américas y llevaron a cabo el cierre de las vialidades aledañas.

Inicialmente se dijo que había presencia de elementos de la Guardia Nacional, pero ésta informó que no participa en ninguna diligencia relacionada con la Udlap en Cholula, ni con alguna otra institución educativa del estado.

Hasta el momento, el rector Ernesto Derbez Bautista no ha emitido posicionamiento al respecto, mientras que el departamento de comunicación de la universidad negó la versión del patronato, misma que comenzó a difundirse a través de un comunicado.

¿Cuál es la relación de los Jenkins con la Udlap?

Desde el 1 de marzo, un Juez de Control del Estado de México giró órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la familia Jenkins por el presunto lavado de 14 mil millones de pesos que formaban parte del patrimonio de la fundación creada en 1954 por el filántropo William Oscar Jenkins.

Antes de morir, el empresario multimillonario destinó su fortuna a la Fundación Mary Street Jenkins para que fuera utilizado en obras en favor de los habitantes de Puebla y México.

Parte de ese dinero, por ejemplo, está destinado a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, cuyo patronato tomaría la posesión de la escuela superior mientras se resuelven los procesos judiciales.

El problema legal que la familia enfrenta obedece a una acusación que realizó el hijo primogénito, Guillermo Jenkins de Landa, desde 2013, acerca de que sus parientes desfalcaron a la fundación al mudar a Barbados por lo menos 720 millones de dólares de su patrimonio, a través de la Fundación para el Desarrollo.

A mediados de mayo, el juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas bancarias y otros bienes de la familia, entre los que se encuentra el terreno que aloja a la Udlap.

En junio de este año, ahora un Juez de Control del Estado de Puebla liberó una orden de aprehensión en contra de integrantes de la familia Jenkins así como de sus abogados, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia, en el estado de California, Estados Unidos.

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