La pandemia de Covid-19, que lleva más de una año y medio de afectar al mundo, no detuvo a las redes de trata de personas en México, pues en todas las regiones continuó el reclutamiento de seres humanos, tanto de mexicanos como de migrantes que cruzan para llegar a Estados Unidos, así como de integrantes de la comunidad LGBT+, entre otros grupos de la población.
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Hispanics In Philanthropy (HIP), organizaciones sociales e investigadores presentaron los resultados del informe “Trata de personas en México, segunda mirada desde organizaciones de la sociedad civil”, en el cual se establece que este delito se incrementó en el país.
Esta es la situación de la trata de personas en las diversas regiones del país.
Zona Norte:
La presencia de trata de personas pasó de cuatro a seis entidades: Sonora, Durango, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.
“Las poblaciones en mayor riesgo en esta región son las migrantes internas e internacionales, población indígena, integrantes de la comunidad LGBT+, niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad”.
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Zona Centro:
Región conformada por la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán e Hidalgo, en toda la zona se han detectado redes de trata; en este caso, Puebla, Tlaxcala y Estado de México públicamente han sido identificados como entidades de origen y destino de víctimas de trata.
Incluso Tlaxcala es origen de núcleos familiares de tratantes principalmente para fines sexuales, además de que Hidalgo es zona de enganche, tránsito y destino.
En este caso, las población con mayor vulnerabilidad son los jóvenes entre 16 y 22 años, aunque también niñas menores de 10, indígenas y adolescentes, estudiantes de telesecundaria y bachillerato, demás de las adolescentes embarazadas o con hijos.
Con motivo del tráfico de órganos, el mayor riesgo lo tiene personas jóvenes entre 16 y 19 años, migrantes internos, niños, adolescentes, profesionistas de entre 20-35 años, población LGBT+, personas que no hablan español y madres que viajan con hijos pequeños.
Zona Bajío:
Además del incremento de la violencia en esta zona, conformada por Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Nayarit, se identificó la trata de personas en todos ellos, salvo Colima.
Las prácticas más constantes son la prostitución forzada, trabajo forzoso, actividades ilícitas para crimen organizado, extracción de órganos, sumando en esta ocasión la mendicidad forzada.
En la zona sur:
Esta región del país comprende a Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, en todas se notó la presencia de dicho delito, a excepción de Campeche.
Del 2017 a la fecha se detectó un incremento de tres a siete estados como zonas de riesgo debido a que en estas se han logrado identificar zonas de enganche, tránsito y materialización de la trata.
El estudio detalla que las prácticas más constantes son la explotación sexual, laboral, trabajo, servidumbre, prostitución y mendicidad forzada, delincuencia organizada, actividades ilícitas para crimen organizado, trabajo forzoso de niños y adolescentes.
Las poblaciones en mayor riesgo son las niñas indígenas entre los 10 y 16 años, población LGBT+, adolescentes, adultos, niños, personas indígenas y migrantes internacionales.
Las organizaciones expusieron también que la trata de personas se incrementó de 18 entidades durante 2017 a 25 este año, particularmente en 126 municipios, algunas de los motivos para que esto ocurriera es la crisis económica derivada de la pandemia, mayor presencia del crimen organizado en zonas del país y las políticas migratorias.
“Hay una gran desconfianza hacia las autoridades, federales, estatales y municipales por estar involucradas en el problema, representando impunidad y corrupción. Estos aspectos son grandes limitantes para avanzar en la adecuada reducción, atención y prevención del tema. Parece haber un punto de encuentro para solucionar el problema por la diversidad de posturas, poca atención en la agenda nacional y la ausencia de políticas públicas”.