Arquidiócesis urge a reformar leyes sobre relación Estado-Iglesia

Condena que se les nieguen recursos a los templos y que los ministros tengan que "mendigar lo que justamente les corresponde"

Por Alexandro Hernández

La Arquidiócesis Primada de México asegura que la realidad actual del país en materia de libertad y pluralidad religiosa obliga a una revalorización de la relación Estado-Iglesia y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas.

La editorial de este domingo del semanario Desde la Fe afirma que el artículo 130 de la Constitución atenta contra los derechos humanos de los sacerdotes, rebajándolos más que a “ciudadanos de segunda” y colocándolos en una condición “infame” cuando se les prohíbe asociarse políticamente.

La Arquidiócesis condena que mientras por una parte se empoderan la ideología de género y “lobby gay” dentro de las escuelas, el laicismo “hipócrita” atente contra la libertad para que los padres den a sus hijos educación religiosa.

Asimismo lamenta que los sacerdotes deban “mendigar lo que justamente les corresponde” para mantener los inmuebles de las iglesias mientras el presupuesto se dilapida en fiestas y gastos burocráticos inútiles.

Asegura que el derecho a la libre difusión de ideas también se vulnera cuando el Estado niega la venta de medios de comunicación a asociaciones religiosas.

“Se requiere una revisión al derecho de libertad religiosa y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas que parece anquilosada”, urge la publicación.

Por último, la Arquidiócesis se dice convencida de que la condición necesaria es el diálogo con legisladores y políticos, pues sentarse con “laicistas energúmenos y fanáticos” sería inútil y estéril.

La ley

El artículo 130 constitucional es el que se refiere a la separación histórica de la Iglesia y el Estado.

En él se consigna que las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica una vez que obtengan su registro, aunque Las autoridades no intervendrán en su vida interna, sin embargo, prohíbe expresarse contra las leyes del país o agraviar los símbolos patrios.

Dentro de las limitaciones que impone la ley a los ministros, está la de desempeñar cargos públicos, asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos o partidos.

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