Sistema Nacional Anticorrupción entra en operación este miércoles en todo el país

Para el Sistema Nacional Anticorrupción se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales

Por Publimetro México

Este miércoles entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática.

Al concluir hoy el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio.

La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

Como parte de las reformas que han hecho posible el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), este miércoles también entran en vigor, en todo el país, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Ambas leyes impulsarán al Sistema Nacional Anticorrupción y están orientadas no sólo al sector público sino, de forma muy importante, también a las personas físicas y morales del sector privado que contratan con el gobierno.

Sanciones

Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción cualquier conducta contraria a la ley cometida por las empresas recibirán sanciones severas entre las que figuran:

  • Económicas: Por hasta el doble de los beneficios obtenidos  por la corrupción y en caso de no obtenerlos, hasta  mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (aproximadamente $112 millones de pesos / $5.6 millones de dólares)
  • Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u obras públicas hasta por 10 años
  • Suspensión de actividades hasta por 3 años;
  •  Disolución de la sociedad respectiva;
  • Indemnización por daños y perjuicios.

Cabe destacar que para determinar la magnitud de la sanción la autoridad revisará, entre otros aspectos, si las empresas cuentan con esquemas de promoción de valores éticos y medidas que inhiban hechos de corrupción.

Para dar cumplimiento a las nuevas normas, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, puso a disposición un Modelo de Programa de Integridad Empresarial, consultable aquí

Es importante mencionar que la creación del sistema implicó la modificación de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, se designó a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.

Temas pendientes

Aunque ya se cumplió el plazo y las tareas están bien definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso, y el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que el Senado tampoco ha nombrado.

Igualmente, falta establecer en la mayoría de los estados de la República los Sistemas Locales Anticorrupción, que deberían ser espejos del nacional y que el Senado nombre a 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.

Esos magistrados deben encabezar la Tercera Sala del Tribunal y cinco Salas Regionales, las cuales el Tribunal creó la semana pasada, con base en su Ley Orgánica, aunque no existan todavía los juzgadores oficialmente nombrados por la Cámara alta.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente (a partir de este miércoles) declaración patrimonial y de intereses.

Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el gobierno.

La razón de ello es que se pueda castigar también a particulares que incurran en actos de corrupción con funcionarios. Sin embargo, como todavía no existen los formatos para presentar estas declaraciones, ese paso no se puede cumplir.

Con todo ello, el sistema entrará en operación mañana, como un esfuerzo por combatir de fondo y para siempre el grave flagelo de la corrupción.

En el nuevo sistema participan también la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el fiscal anticorrupción.

Con información de Notimex

TAMBIÉN PUEDES LEER

No existen sorpresas en documento de EU sobre el TLCAN: Guajardo

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo