Gobierno de México reitera su disposición para atender caso Atenco

El gobierno de México reconoció la responsabilidad del estado por violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres en San Salvador Atenco

Por Publimetro México
Las mujeres denunciaron abusos sexuales contra su persona en 2006 - Foto: Cuartoscuro
Gobierno de México reitera su disposición para atender caso Atenco

El gobierno de México reiteró su plena disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a los hechos ocurridos en 'San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006.

Mediante un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, condenaron categóricamente hechos de violencia sexual y tortura cometidos contra 11 víctimas.

Este jueves una representación del Estado mexicano acudió a la audiencia pública del caso Selvas Gómez vs. Estados Unidos Mexicanos convocada por la CIDH.

Ahí el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, reiteró que el Estado mexicano condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos en su territorio y, en particular, cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres.

Gobierno de México tomo acciones necesarias para deslindar responsabilidades

El funcionario explicó que desde marzo de 2013 el Gobierno de la República reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con motivo de los hechos en San Salvador Atenco.

Desde esa fecha, detalló, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares.

Precisó que, hasta la fecha, han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de Seguridad Pública del Estado de México, médicos legistas y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público por los delitos de tortura y encubrimiento de ésta.

Los procedimientos penales, asentó, continúan su seguimiento de conformidad con los términos y plazos que establece la legislación penal, establecidos por la vigente al momento de los sucesos.

Anotó que se ha puesto a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para el caso, el cual comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y compensación económica, entre otros.

Indicó que simultáneamente el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural, como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres.

También está la creación de un marco jurídico nacional robusto en materia de prevención y combate a la tortura con perspectiva de género; y la instrumentación de protocolos de actuación ministerial adecuados, entre otros.

Por otro lado señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerciendo su facultad de investigación, en aquella época, conoció del caso y en febrero de 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos.

La SCJN concluyó que elementos y mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas, incluyendo a las 11 mujeres, incumpliendo de esa manera con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.

No obstante, la SCJN determinó que dichas violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes.

¿Qué reclaman las mujeres violentadas?

Las 11 mujeres mexicanas acusaron al estado mexicano presuntamente de haber sido  víctimas de violaciones, torturas sexuales y agresiones por parte de policías durante los operativos de agentes estatales de seguridad en 2006, en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco.

Las demandantes son:

  • Mariana Selvas Gómez
  • Georgina Edith Rosales Gutiérrez
  • Norma Aidé Jiménez Osorio
  • Claudia Hernández Martínez
  • Bárbara Italia Méndez Moreno
  • Ana María Velasco Rodríguez
  • Yolanda Muñoz Diosdada
  • Cristina Sánchez Hernández
  • Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo
  • Ángela Patricia Torres Linares y Romero

“La tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras y a las sobrevivientes nos ha costado reconstruirnos solas”, acusó la mexicana Norma Aidé Jiménez Osorio, una de las 11 mujeres denunciantes.

Los ataques ocurrieron 3 y 4 de mayo de 2006, cuando policías estatales realizaron “detenciones y traslados” irregulares durante un conflicto por la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

La sentencia se espera para 2018, con medidas de reparación y demás reclamos de las denunciantes. La sentencia es de obligatorio carácter vinculante para México.

Con información de El Universal y Notimex

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