México responde a HRW y ratifica compromiso por los derechos humanos

México destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como parte del compromiso con los Derechos Humanos

Por Notimex

El gobierno de México reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, que constituye el primer deber del Estado mexicano.

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) respondieron al Informe Anual de la organización Human Rights Watch.

Señalaron que autoridades de todos los niveles han trabajado, y continuarán con su labor, para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos en todo el país, asimismo reconocieron que si bien existen desafíos para alcanzar los objetivos, se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de esos retos en la materia.

Entre las acciones el gobierno mexicano destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 16 de enero de 2018.

“La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH)”, recordó.

Compromiso con casos Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato

Sobre el caso Ayotzinapa, el comunicado refiere que el Estado mexicano está plenamente comprometido con su esclarecimiento, así como con la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.

Por ello, “continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva”, añadió.

También reiteró el sólido compromiso de esclarecimiento y sanción a los responsables en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas, además existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.

Por lo que hace al caso de Tlatlaya, “se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos”, explicó.

Señaló que las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como las recomendaciones emitidas han disminuido, particularmente las referentes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que disminuyeron 76 por ciento de 2012 a 2017 y dichas instituciones son las de de mayor prestigio en la opinión pública mexicana.

Asimismo “el Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales”, recordó.

También se ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); así como la coordinación con las entidades federativas.

Además el 18 de junio de 2016 entró en vigor la reforma al sistema de justicia penal, que es “una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales en la historia de México” y opera ya en todo el país.

Protección a los derechos humanos

Respecto a la violencia de género, la violencia doméstica y sexual, el Estado mexicano ejecuta normas e instrumenta programas con perspectiva de género y derechos humanos, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal.

Además de la Ley General de Víctimas y la NOM-046- SSA2-2005 que garantizan el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción del embarazo en los casos de víctimas de violación sexual, en todo el territorio.

En los últimos cuatro años, se otorgó el reconocimiento de la condición de refugiado a seis mil 473 personas y se otorgó protección complementaria a mil 657 más.

Sobre la protección de los derechos de las personas LGBTI, se han elaborado diagnósticos nacionales en la materia y se han adoptado en los 32 estados leyes antidiscriminación.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo; y 11 entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario”, recordaron las autoridades mexicanas.

Para para garantizar los derechos de personas con discapacidad se cuenta con una Ley General que fortalece los mecanismos plasmados en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD), incluyendo la coordinación con los estados; y el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018.

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