Suman nueve demandas para impugnar la Ley de Seguridad Interior

Este miércoles pasado, la SCJN recibió dos acciones de insconstitucionalidad y dos controversias para sumar nueve impugnaciones

Por Publimetro

Tras ser promulgada por el presidente Peña Nieto y enviada a la Suprema Corte para su revisión, la Ley de Seguridad Interior ha recibido nueve acciones para impugnarla.

Este miércoles, la Suprema Corte notificó el recibimiento de dos acciones de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.

Asimismo, recibió dos controversias constitucionales, que se suman a cinco presentadas en semanas anteriores, las cuales fueron presentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el municipio de Parral, Chihuahua.

El Máximo Tribunal del país ha recibido nueve demandas para impugnar esta ley que busca regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

La semana pasada, la SCJN informó que recibió las acciones presentadas por un grupo de diputados y senadores, por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) y por el partido Movimiento Ciudadano.

La única demanda que se ha aceptado es la presentada por el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo al Diario Reforma, "la Corte no tiene plazo para resolver, y para cualquier invalidez será necesario el voto de ocho de los once ministros, candado que en casos relevantes recientes ha sido muy difícil de superar para el pleno del máximo tribunal".

¿En qué se diferencia una controversia de una acción de inconstitucionalidad?

Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí.

La controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión en las tareas establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la Constitución.

La controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el 33%, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma

"Tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma", aclara la SCJN.

Con información de Reforma y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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