Por: Aracely Chantaka Lucio
En los penales de Nuevo León “la vida cuesta” y hay que pagar por tener desde protección o aparatos eléctricos hasta acceder a una visita conyugal.
La corrupción impera en los centros penitenciarios del estado y recae, principalmente, en la figura de los custodios.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son ellos los que reciben el 62.8% de los pagos ilegales que efectúan los internos para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso.
En los penales se paga por poseer un aparato eléctrico (59.9%) por cambiar de celda (48.1%); por protección (34.6%).
También los pagos que reciben los custodios son por permitir que los internos tengan una cama colchoneta o cobijas (31.3%) o bien que reciban una visita conyugal (23.2%).
El pasado 23 de febrero, reos de los penales de Topo Chico y Apodaca protagonizaron protestas simultáneas en las que exigían poner un alto a la corrupción y la destitución de mandos penitenciarios.
Aunque en el momento, el Secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo González, minimizó los hechos, un par de días después el gobierno estatal informó que la Comisaria de Administración Penitenciaria, Rosa Manuela Félix, había renunciado a su cargo “por motivos personales”.
Pero además, se dio a conocer el cese de Genaro Arturo Sánchez como alcaide del Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico. Ambos eran mencionados en las mantas que los reos exhibieron el día de las protestas.
A pesar de los actos de corrupción que son víctimas los reclusos, el 100% de las víctimas no presentan queja o denuncia.
El 37% piensan que podrían ser víctimas de represalias, el 14.4% porque creen que es una práctica común, mientras que el 12.8% porque consideran que sería inútil.
Por su parte, el 10.2% desconoce ante quien denunciar y el 8.5% porque obtuvo un beneficio por el pago que realizó.
