El gobierno del estado detalló que busca arrendar mil unidades de transporte público, pero no para operarlas sino para concesionarlas a un particular una vez que se implemente la reestructuración de las rutas que actualmente dan servicio.
Manuel González, secretario General de Gobierno explicó lo anterior y sostuvo que este esquema de arrendamiento puro sustituye la propuesta de financiamiento por 4 mil 910 millones de pesos que habían solicitado al Congreso local, hace un par de semanas.
“Lo que sucede con esto de los arrendamientos es que las negociaciones van a iniciar para reubicar todas las rutas bajo un orden irrestricto que permita que estas sean eficientes, que estas puedan prestar un mejor servicio”, indicó el funcionario estatal.
El martes, el Congreso local dio entrada a una petición del gobierno estatal para un esquema de arrendamiento de hasta mil unidades a un plazo de 8 años.
Derivado de esto, el secretario general de Gobierno aclaró que el estado no se encargaría de su manejo directamente.
“El estado no va a manejar, no va a ser la empresa de transporte público”, apuntó.
La idea, mencionó, es que exista un mejor transporte público y que incluso las rutas pasen por donde hoy no lo hacen.
“En el caso que nos encontremos que no hay estas condiciones, el estado podrá hacer uso de estos arrendamientos financieros y, con una licitación, entregar una concesión”, precisó.
Indicó que al Congreso le están requiriendo estas autorizaciones de financiamiento puro que no es una deuda.
“No son costeables si los sacamos a dos años lo que estamos haciendo es solicitar una autorización para que el arrendamiento puede ser a 8 años”, indicó.
Añadió que este esquema es diferente a aquél que se había planteado, del financiamiento por 4 mil 910 millones de pesos, y que se retiró.
“La realidad (la nueva propuesta) sustituye a la anterior”, puntualizó
Cada una de las unidades que se pretende arrendar tendría un costo de dos millones 151 mil pesos, pero los mismos se pagarían con los ingresos generados por las mismas.
El gobierno estatal buscará que la propuesta sea aprobada en el próximo periodo extraordinario del Congreso, el 4 de agosto.
