Rodrigo Medina obtiene suspensión para evitar detención

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, no podrá ser detenido hasta que no se resuelva toda la investigación que hay en su contra

Por Publimetro México

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, obtuvo la suspensión definitiva que congela cualquier orden de aprehensión que sea girada en su contra, sin embargo, debe quedar a disposición del Poder Judicial en tanto continúa el juicio y las indagatorias que se le siguen por peculado y contra el patrimonio del estado por más de tres mil millones de pesos.

La suspensión al ex gobernador fue otorgada por la juez Beatriz Jaimes, la misma que ordenó su inmediata libertad el pasado 26 de enero.

La magistrada ordenó a Medina pagar una garantía de cien mil pesos ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Monterrey, y dijo que hasta que no se resuelva el juicio de amparo, el ex gobernador quedará a su disposición por cuanto se refiere a su integridad física y libertad personal.

La resolución se enmarca en el juicio de amparo 55/2017 promovido por Medina de la Cruz contra actos del Juez de Control tras la vinculación a proceso, que se le dictó.

Jaimes Ramos consideró que es procedente otorgarle la protección de la justicia federal para evitar su detención en esta etapa del proceso.

“Esta garantía se fija de manera discrecional atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, conforme a la naturaleza, modalidades y características de los delitos imputados al quejoso, es decir, peculado y contra el patrimonio del Estado, sin que se tenga información acerca del daño imputado” dijo la juez.

¿De qué se le acusa a Medina?

El ex gobernador se encuentra vinculado a proceso por los delitos de peculado, daño en contra del patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones por el presunto desvío de recursos por tres mil 683 millones de pesos (mdp) a la automotriz Kia.

En mayo de 2015, el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, informó que presentó ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) una denuncia penal por supuestos desvíos por 14,135 mdp de desfalco de la cuenta pública 2012.

Con información de Excélsior y El Financiero

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