En campaña, Javier Duarte de Ochoa prometió eliminar el cobro de la tenencia, menos desempleo, justicia para defraudados, frenar la deuda pública estatal y apoyar a empresarios para impulsar la economía, pero al finalizar su sexenio nada cumplió.
Todo esto pudo haber pasado como un gobernador priista, uno más, que incumple sus promesas de campaña y que sólo asumió el gobierno por intereses personales.
Sin embargo, una factura que sin duda se la cobrarán al gobernador saliente y a su partido, el PRI, es el de haber incumplido en materia de seguridad pública. El Veracruz de Javier Duarte de Ochoa pasará a la historia como el peor gobierno de todos los tiempos, incluso peores que en la época de Fidel Herrera.
Duarte y el PRI cargarán en sus espaldas -y en las urnas- las muertes de por lo menos 17 periodistas y de 109 mujeres por motivos de género hasta la fecha.
Esta entidad también ocupa el quinto lugar en secuestros. Tan sólo en las últimas semanas se han suscitado dos hechos gravísimos. La desaparición de cinco y tres jóvenes en hechos separados. En ambos casos sus secuestradores fueron policías. En el primer caso se confirmó la muerte de los cinco jóvenes, incluida una menor de edad. En el segundo caso, aún se desconoce si los chicos siguen con vida. El primer caso se registró en Tierra Blanca; el segundo, en Papantla.
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Otra más de Duarte: el abuso sexual y la violencia contra mujeres. De acuerdo a datos oficiales, del SNSP, cada cuatro horas y media se comete un abuso sexual contra una mujer en Veracruz, entidad que ocupa el honroso segundo lugar nacional en desapariciones forzadas de mujeres.
Si bien los últimos acontecimientos de abuso sexual contra dos jóvenes mujeres a manos de sus “amigos” no se les puede achacar al gobierno de Duarte, lo que sí se puede responsabilizar es la falta de procuración de justicia para las víctimas y sus familias, la falta de resultados tangibles para combatir y prevenir la violencia de género, la ausencia de equidad y de oportunidades para las mujeres, dentro y fuera de las esferas públicas.
Pareciera que los abusos de los Porkys y de otros “juniors”, que enfiestados violan la ley sin el menor recato y con total impunidad, son un reflejo de la podredumbre que deja Duarte en la entidad.
La crisis política y de seguridad (la que realmente le importa a la sociedad) que vive el estado provocó que el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se contradijera. El 22 de febrero dijo que “Javier Duarte deberá estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos”, pero un día después corrigió: “Duarte y cualquier gobernador, cualquier funcionario público deberá rendir cuentas”. En el colmo del cinismo y desfachatez, el 1 de marzo destacó que “el gobernador Javier Duarte ha hecho su trabajo y, por ello, habrá muchos años, en los cuales se podrá seguir hablando de lo bueno y de lo malo de su gobierno”.
Por mucho que quieran decir que lo que pasa en Veracruz es “golpeteo” político por las elecciones en puerta. Al final y es tangible y palpable, a Duarte se le evidenciaron todos los problemas que se gestaron en lo que va de su gobierno.
Sin duda, para los veracruzanos y gran parte del país, Javier Duarte es hoy una cara más de la impunidad del PRI-Gobierno que tolera todo a sus leales, dejando de lado el interés de México y de los mexicanos.
Parte de la herencia de Duarte a Veracruz
· Adeudo con la Universidad Veracruzana de más de 2 mil millones de pesos.
· La deuda de Veracruz alcanza 111 mil millones de pesos.
· 29 investigaciones contra funcionarios de su gobierno por malversación de fondos. Ninguno ha sido detenido.
· La pobreza en Veracruz se disparó en seis años al llegar a 58%, cuando Duarte recibió el gobierno con poco más de 52% de pobreza.
· Veracruz es la entidad donde es más peligroso ser periodista.
· No ha podido justificar 35 mil millones de pesos del presupuesto.
· Inservible el modelo de Mando Único Policial, pues fue la policía estatal la responsable de las desapariciones forzadas en Tierra Blanca.
· 13 cementerios clandestinos, además de 950 denuncias de desapariciones, de las cuales 155 considera la PGR fueron forzadas.