Si bien en el país algunos sexenios han sido recordados por crisis económicas, devaluaciones, matanzas a estudiantes, etcétera, la actual administración será recordada por los escándalos de corrupción: la Casa Blanca, la residencia de Malinalco, ambas ligadas a Grupo Higa, la constructora favorita de la actual administración desde que gobernaba el Estado de México, así como los escándalos por presuntos fraudes con OHL en la concesión de carreteras o por el uso personal de la flota aérea gubernamental como lo hizo David Korenfel, de la Conagua.
Todos estos escándalos de corrupción y de conflicto de intereses podrían ser investigados y sancionados, no desde la Secretaría de la Función Pública, que ha sido desarticulada, sino desde el Congreso, con la creación de leyes e instituciones que persigan y castiguen dichos. México tuvo la oportunidad de sacudirse la losa que carga desde siempre (por ser un país que tolera y practica la corrupción) y reparar su maltrecha imagen, desde el interior y hacia el exterior, donde sistemáticamente salimos reprobados en distintas mediciones internacionales, pero nuestros flamantes legisladores decidieron que NO, que podemos seguir siendo opacos y podemos tolerar la falta de rendición de cuentas.
Ayer, una penosa mayoría dejó sin dientes una de las leyes más importantes para combatir la corrupción, la #Ley3de3, la cual pretendía que todos los funcionarios hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Los responsables son de diversos partidos, pero principalmente el bloque PRI-PVEM, quienes fueron “acompañados” por algunos senadores del PT que se ausentaron del pleno el día de la votación, bajo cualquier estúpido argumento, como Layda Sansores, quien después de faltar a la sesión crucial, argumentó que su ausencia fue por problemas personales.
Pero el principal responsable de este retroceso es este gobierno priista, que además de ser responsable de alimentar la corrupción en las máximas esferas del poder, también padece amnesia, pues primero afirmó que sería completa, pero a la hora de votar sus senadores le quitaron los dientes, para aprobar una ley secundaria “descafeinada”, una ley que permitirá vivir en la opacidad y en la impunidad.
El bloque de los senadores del PRI y los del Verde Ecologista votó en contra de la máxima publicidad de declaraciones con formatos #3de3.
Pero la oposición también tuvo su responsabilidad. Ayer, la ausencia y la negativa a emitir su voto en el tablero electrónico de los legisladores propició que el pleno del Senado aprobara durante la madrugada la #Ley3de3 “achicada”, que permite a los funcionarios públicos seguir ocultando su patrimonio con el argumento de que abrirlos a la ciudadanía podría afectar su “vida privada”.
Algunos estuvieron ausentes, otros, aunque estaban presentes en el Pleno, no votaron o se abstuvieron, lo cual, en cualquiera de los casos o pretextos, es gravísimo.
El tema de fondo es que el partido del presidente Peña Nieto tuvo la oportunidad para sacudirse la mancha que lo persigue, de encabezar un gobierno corrupto (y lo perseguirá incluso muchos más años después de 2018), pero no quiso.
Con estas patinadas queda la sospecha de que, más que frenar un cambio que urgía al país en materia de combate a la corrupción y de desobediencia a su jefe máximo, el PRI quiere cobrar venganza por la afrenta del PAN del 5 de junio pasado. Será que no entendió la lección en las urnas o de plano le vale el hartazgo de la sociedad en general, al igual que la actual administración, no entiende razones de este “mal humor social”.
