La columna de David Olivo: ¿a qué le temen gobernadores?

César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge tienen miedo

Por DAVID OLIVO ARRIETA

Qué tienen en común César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge: son priistas, son perdedores (al menos de la elección del 5 de junio) y tienen miedo.

Miedo de ser perseguidos y encarcelados por la comisión de diversos delitos -fundamentalmente enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos-, miedo a ser formar parte de la honrosa lista de ex gobernadores transas, miedo a ser prófugos de la justicia (como los ex gobernadores priistas de Tamaulipas), miedo a ser detenidos en el extranjero y extraditados, miedo a la verdad.

A semanas de perder las elecciones del 5 de junio y a semanas de dejar las gubernaturas, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, temen dejar los palacios de gobierno de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, en donde están empujando y aprobando fiscales de justicia y anticorrupción en un intento de no rendir cuentas, ni ante la población, ni ante la contraloría, ni ante la justicia.

Con todo cinismo, en Veracruz, Javier Duarte propuso un paquete legislativo para mantener su influencia en la Fiscalía Anticorrupción. En Chihuahua, César Duarte creó una Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular sería nombrado antes de concluir su gestión. Y en Quintana Roo, Roberto Borge creó una Fiscalía de Justicia y designó al titular de la Auditoría, quien estará en el cargo siete años.

Aunque estos gobernadores defienden la legalidad y legitimidad de la creación de estas figuras, lo cierto es que están votando una serie de reformas para mantener el control, justamente de los órganos que son responsables de castigar la corrupción tanto en materia penal como administrativa.

Y justamente son estos tres funcionarios sobre quienes pesan más averiguaciones administrativas por presunto desvío de recursos y sobre quien caen más amenazas de los gobernadores electos de meterlos a la cárcel, por delincuentes.

El blindaje que ya tienen estos tres gobernadores provocó un pleito político de gran escala entre PAN y PRI, los primeros porque tienen ganas de hacer justicia y sancionar cualquier delito y los segundos por defender a los suyos, a pesar del altísimo costo político que ya pagaron en las urnas hace ya casi cuatro semanas.

En días pasados, Ricardo Anaya, presidente de Accion Nacional, exigió poner un freno al “agandalle” de los gobernadores que buscan protegerse para evitar la cárcel. “Esto es un tema fundamentalmente político, y el agandalle político tiene que resolverse con responsabilidad política”, dijo.
”Lo que está en juego es la institucionalidad del Estado mexicano y las condiciones de gobernabilidad en cada una de las entidades federativas. Hay estados de por sí complicados como para que, a través del agandalle, se sigan complicando”.

En respuesta, un tibio Emilio Gamboa, líder de los senadores priistas, reconoció que los mandatarios estatales que hayan faltado a la ley deberán pagar las consecuencias, pero en el fondo no es más que demagogia pura, pues no plantea revisar la creación o estructura y alcances de estas fiscalías.

Ayer mismo, Carolina Monroy, presidenta interina del tricolor, también reconoció que estos nombramientos son legales, pero poco éticos.

Este es el PRI que no entiende el voto de castigo del 5 de junio en siete entidades, estos son los priistas temerosos de rendir cuentas, estos son los gobernadores acostumbrados a la impunidad, este es el viejo PRI que se vende como el nuevo PRI, este es el PRI tramposo de toda la vida. 

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