Como muy pocas veces, el despertar de un nuevo año ha sido amargo para los mexicanos. El 27 de diciembre del aciago año de 2016, el gobierno federal anunció que a partir del primer día de 2017, los precios de la gasolina se dispararían hasta 15.99 pesos la Magna; la Premium a 17.79 y el diésel a 17.05 pesos.
Pero esta vez, a la pesadumbre de una decisión groseramente contraria a la economía popular le siguieron multitudinarias protestas de la ciudadanía a lo largo y ancho del país. De norte a sur, en el centro, en el sureste, de occidente a poniente de la República la población manifestó su rechazo a los incrementos de los energéticos.
De manera airada pero pacífica, la población manifestó su contundente rechazo a esta nueva arbitrariedad del gobierno federal. El gasolinazo fue la gota que derramó la paciencia de una sociedad harta de una política económica diseñada para favorecer a la cúpula gobernante aliada con un minúsculo grupo de ambiciosos empresarios ávidos de enriquecerse a costa del hambre de la mayoría de los mexicanos.
La afirmación del gobierno federal de que la cascada alcista no repercutiría en el precio de otros productos fue desmentida casi de inmediato por la realidad, pues el lunes 2 de enero la Comisión Federal de Electricidad anunció el incremento en el servicio eléctrico de 4.5% a la industria, de 2.6 a 3.5% al comercio y de 2.6% en hogares de elevado consumo.
Enseguida se elevó el precio del gas doméstico. Y el pasado viernes 13 se hizo público el tortillazo, mediante el cual la tortilla, base de la dieta alimentaria de la población, aumentó en promedio 3 pesos.
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Incapaz de la autocrítica, con una ceguera política que le impide dar marcha atrás a una decisión tan abiertamente contraria a los sentimientos de una sociedad agraviada, el régimen de Peña Nieto retrocedió más de tres décadas en la historia, en un intento cupular por revivir los pactos económicos que inauguró el presidente
Miguel de la Madrid, para establecer, el 9 de enero, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.
Pero resulta que a la firma del acuerdo no fueron invitados los verdaderos representantes de la sociedad civil, ni los sindicatos independientes de los trabajadores. Lo firmaron los mismos organismos laborales y de empresarios aliados con el régimen. Incluso la propia Coparmex se negó a avalarlo porque, señaló, se trata de un acuerdo hecho al vapor, “improvisado, incompleto e insuficiente”.
Es decir, el acuerdo no es sino una simulación que en modo alguno intenta reparar el daño ocasionado por el gasolinazo, y menos aún establecer las bases para empezar a reconstruir el edificio de la tan dañada economía de la población.
Durante más de 35 años, a partir de que se implantó el modelo neoliberal, México ha padecido una crisis económica tras otra. Los mexicanos que hoy frisan los 40 años no han conocido la abundancia. Generaciones van y generaciones vienen, y a todas se les obliga a apretarse el cinturón.
La miopía de los gobernantes en turno les impide percatarse de que la población está harta de los apretones de cinturón pues, en contraparte, la clase política tradicional derrocha el dinero público como si México fuera el cuerno de la abundancia. Los gobernadores del PRI y de Acción Nacional saquean a sus anchas el erario.
Andrés Granier, Humberto Moreira, Arturo Montiel, el tío de Peña Nieto; Javier Duarte y tantos otros han estafado las arcas de sus respectivos estados con 17 mil millones de pesos, 33 mil millones, 60 mil millones… Y se pretende que todo siga igual.
Acción Nacional perdió la oportunidad histórica para transformar a la nación. Gobernó doce años y no cambió nada. Estableció las mismas negociaciones corruptas del priismo. No tocó las estructuras sindicales corruptas de Carlos Romero Deschamps y de Elba Esther Gordillo. Ni a gobernadores tan deshonestos como Mario Marín, el gober precioso de Puebla. Ni a Luis Fernando Reynoso Femat, de Aguascalientes. Ni se investiga al panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid, que en tres años al frente del gobierno de Baja California ya ha endeudado a la entidad con 18 mil millones de pesos.
Primero el PRI, después el PAN y hoy de nueva cuenta el PRI han desmantelado las empresas públicas. Entre todos desprotegieron a Pemex para quebrarla y tener pretexto para entregar nuestros yacimientos a las trasnacionales.
Harto de la corrupción y del entreguismo de la clase gobernante, resulta cada vez más evidente que el pueblo de México optará por un cambio de régimen en 2018, el cual se logrará a través de Morena porque Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente nacional, lleva muchos años de combatir por establecer un sistema democrático que respalde a la mayoría de los mexicanos. Para repartir de manera equitativa la riqueza y poner fin a la corrupción y a los malos manejos de los bienes nacionales.
López Obrador cuenta con la confianza de la gente porque gobernó con eficiencia y honestidad a la Ciudad de México. Porque ha recorrido varias veces la República para empaparse de los deseos de la gente, para conocer de viva voz sus necesidades.
Pero en Morena no nos confiamos. El triunfo de López Obrador aún no es un hecho consumado. Sabemos de las poderosas fuerzas que se oponen a que un gobierno que represente al pueblo arribe al poder en 2018. Entretanto llegan las elecciones presidenciales, deberemos seguir visitando casa por casa para convencer a nuestros conciudadanos de la importancia de cambiar al gobierno corrupto que representan PRI, PAN y sus aliados. Los mismos que firmaron el “Pacto Contra México” que dio pie a la reforma energética y a la consiguiente privatización de nuestros recursos naturales.
Morena, con la participación conjunta de millones de compatriotas habrá de cambiar por la vía pacífica a este régimen caduco y corrupto.
*Coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa.
@craviotocesar