¿Es viable revisar la Carta Magna nacional?

Mariana Gómez del Campo

El Congreso Constituyente de 1916-1917 fue el inicio de una nueva etapa en la historia de nuestra nación, tras la Revolución Mexicana se inició un periodo de pacificación de los territorios que fueron escenarios del conflicto; la intención era elaborar una Constitución moderna y plural que permitiera dar por terminada la lucha armada y restaurar un orden institucional y constitucional, así como procurar justicia a quienes habían carecido de ella.

En el Constituyente que inició sus trabajos en diciembre de 1916, se componía por una importante diversidad de ideologías y posturas: por un lado, el llamado “grupo progresista” estaba compuesto por excombatientes que buscaban construir desde la nueva Constitución, el futuro para nuestra nación por el que habían luchado. Por su parte, el “grupo moderado” incluida ex legisladores que aportaron su experiencia parlamentaria en pro del nuevo texto constitucional.

Participaron abogados, actores, agricultores, contadores, farmacéuticos, ferrocarrileros, ingenieros, líderes sindicales, médicos, mineros, oficiales de alto rango, periodistas, profesores, entre otros. Cabe destacar que la gran mayoría de los 220 constituyentes no tenía filiaciones partidistas, lo que permitió equilibrar las decisiones y así, quedaron plasmadas demandas y propuestas de todas las corrientes revolucionarias.

Al final, el 5 de febrero de 1917 fue promulgada una Constitución que establece un sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un Poder Legislativo bicameral y un presidencialismo fortalecido que recogió las principales demandas sociales, económicas y políticas de la época y estableció un nuevo orden para articular el desarrollo de México en el siglo XX.

Entre los elementos modernos de la Constitución se encontraban el reconocimiento de los derechos laborales como la huelga y la libre organización de trabajadores, regulación de trabajo asalariado con el establecimiento de los salarios mínimos, la duración de la jornada laboral; el texto reconoció el derecho de los ciudadanos a una educación laica, gratuita y obligatoria, además, otorgaba a la nación la facultad de regular la propiedad privada, se recuperaron los recursos naturales del país y se anunció la expropiación por causa de utilidad pública.

Tras 100 años, la Carta Magna se ha reformado casi 700 ocasiones; el artículo 73 es el que más veces se ha reformado con 77 ocasiones siendo la primera en 1921 y la última en 2015, mientras que 22 de los 136 artículos constitucionales que nunca se han modificado.

El pasado 31 de enero de 2017, a 100 años de que el Constituyente federal terminara los trabajos de nuestra actual Carta Magna, los 100 diputados constituyentes aprobamos y firmamos la primera Constitución Política de la Ciudad de México tras un intenso trabajo: se desarrollaron 21 sesiones plenarias en 42 jornadas de trabajo, un promedio de casi 6 horas por sesión; participaron 342 oradores y se realizaron 433 votaciones de las que 420 fueron electrónicas y 12 de viva voz. Las Comisiones sesionaron en 169 ocasiones, se tuvieron 53 audiencias públicas, se atendieron a 47 ONG´s y 93 manifestaciones públicas se desarrollaron mientras la Asamblea Constituyente desempeñaba sus funciones.

Se alcanzaron importantes victorias, pero hubo otros muchos temas en los que no fue posible construir consensos, si bien esta Constitución local no es la ideal, la que soñábamos a plenitud, ni la panacea; sí es un avance para tener una ciudad más justa y donde vivamos mejor.

Hoy, a 100 años de nuestra Carta Magna federal, tras la gran experiencia del Constituyente de la Ciudad de México y en la actual coyuntura constitucional es más que oportuno revisar nuestro texto constitucional y transitar hacia un sistema político más plural e incluyente que refleje la madurez de la sociedad mexicana, que le apuesta a la ciudadanía, a la democracia y a instituciones fuertes pero abiertas. Es tiempo de darle armas a los ciudadanos para que participen de forma aún más activa en el proceso de toma de decisiones porque como dijo Gómez Morín, hablando de las autoridades: “en nombre de la esperanza, del bien y grandeza de México, es tiempo de dejar el caciquismo y la mugre para convertir en limpio el servicio a la comunidad”.

Marcela Guerra

Tras un siglo de existencia, la Constitución mexicana ha trascendido porque fue la primera en la historia del mundo en incluir derechos sociales como el trabajo, la educación gratuita y la salud.

Nuestra Carta Magna fue producto de la revolución de 1910 que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Esta ley fundamental ha sido puesta al día mediante un total de 695 reformas.

De acuerdo a los principios del constitucionalismo moderno reflejados en el artículo 135, no es posible abrogar una Constitución y crear una nueva. Ésta sólo podrá modificarse a través de una reforma o adición, que deberá ser aprobada por ambas cámaras del poder legislativo mediante el voto de las dos terceras partes de legisladores presentes. Además del requisito anterior, cualquier reforma constitucional deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

Si por revisar entendemos actualizar, lo que hacemos recurrentemente en el Senado de la República es proponer iniciativas para poner a la vanguardia nuestra Carta Magna.

Conviene citar dos ejemplos: de 1917 a 2011 estuvieron vigentes las garantías individuales contenidas en el artículo 1. Desde el 10 de junio de 2011, el cuerpo de ese artículo incluye la noción de derechos humanos, que en la práctica implica la posibilidad de proteger de manera más amplia a las personas.

El otro ejemplo que ha impactado de manera significativa la vida de los mexicanos a través de una actualización constitucional, es el de los procesos penales. De 1917 a 2008 se practicó en nuestro país un sistema inquisitivo que era eminentemente burocrático, largo, opaco, le confería al Ministerio Público una facultad discrecional y partía del principio de presunción de culpabilidad.

Desde el 18 de junio 2008 y gracias a una reforma constitucional, contamos con un proceso acusatorio que en la práctica es oral, lo que conlleva a la agilidad en los procesos, que se desarrolla siempre ante la presencia de un juez y que parte del principio de presunción de inocencia.

El camino que nuestra propia Constitución establece para ser revisada es a través de reformas, tal como lo hemos estado haciendo desde 1917.
La mejor manera de festejar los 100 años de nuestra Constitución es respetándola.