¿Es necesario implementar la Ley de Seguridad Interior que está actualmente en la mesa?

Por Marcela Guerra

Marcela Guerra
Antes de hablar de la implementación, es necesario pasar por la etapa de creación de la norma jurídica.

La noción de Seguridad Interior fue incluida desde la Constitución Política de 1917, pero nunca ha sido definida ni delimitada en el sistema jurídico mexicano.

Un déficit normativo y las operaciones militares realizadas por instrucciones presidenciales desde 2008 para combatir el crimen organizado, han hecho inevitable que deba regularse su actuación fuera de los cuarteles en tiempos de paz.

Con el propósito de contar con una Ley de Seguridad Interior, se analizan actualmente en el poder legislativo 7 iniciativas de ley que pretenden definir el concepto de seguridad interior; su procedimiento; los supuestos de las afectaciones a la seguridad interior; el establecimiento de un comité o consejo; la determinación de quién iniciará el proyecto de declaratoria, así como la delimitación geográfica y temporal en la que se aplicará el citado procedimiento.

Resulta necesario aclarar que esta ley no deberá centrarse en las fuerzas armadas, ya que éstas actuarán exclusivamente cuando las autoridades civiles hayan sido superadas. En el mismo orden de ideas, esta ley deberá esclarecer las acciones que cada autoridad realizará en materia de seguridad interior, es decir, esbozará la estrategia en la cual en primer plano estén las policías de los tres órdenes de gobierno y las secretarias de estado, para tratar de resolver la afectación a la seguridad interior, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones que habrán de estar implicadas.

La normatividad en seguridad interior determinará también que en las tareas de seguridad pública, de prevención e investigación del delito no habrá de hacerse uso de las fuerzas armadas.

Por la envergadura de los contenidos que estamos esbozando, esta ley está analizándose con detalle porque también se está contemplando la exposición de métodos para el fortalecimiento y capacitación de las policías, de las tareas de inteligencia, de la prevención del delito, así como de una salida gradual del ejército de las calles.

Se están alcanzando los consensos necesarios para que quede suficientemente claro que durante su implementación, los derechos humanos no habrán de suspenderse, ni habrán de considerarse las manifestaciones como acciones que afecten a la seguridad interior.

En este camino se han escuchado opiniones de instituciones de gobierno, académicos y defensores de derechos humanos. Todos esperamos que la Ley de Seguridad Interior respalde el actuar de las fuerzas armadas en las calles y respete a cabalidad los derechos humanos, para dotar a la sociedad mexicana de seguridad cuando existan amenazas que la pongan en riesgo.

Mariana Gómez del Campo

Según el Informe sobre la situación de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Capítulo México, la violencia aumentó de forma alarmante; se registraron 36,056 homicidios hasta el final de noviembre de 2016, el índice más alto desde el inicio de la actual administración. El texto señala que las fuerzas armadas continúan participando en las investigaciones sin un marco jurídico que les dote de facultades para hacerlo, lo que las coloca en el foco de una serie de señalamientos por supuestas actuaciones irregulares. En cuanto a las policías locales, la ONG resalta que han sido ineficaces y su actuación contrasta con el crecimiento de actos de violencia, como el hallazgo de una fosa clandestina con más de 100 cadáveres, en Tetelcingo.

La grave situación de violencia a nivel nacional es innegable: para el Banco Interamericano de Desarrollo, México ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a costos del crimen organizado, sólo detrás de Brasil. Según el organismo intergubernamental, la delincuencia organizada le cuesta a nuestro país 41 mil 295 millones de dólares al año, lo que representa el 1.92% del PIB, mientras que, para Brasil, el costo es de 124,351 millones.

Al inicio, el despliegue de elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal en tareas que corresponderían a Policías Estatales y Municipales, fue bajo la lógica de que coadyuvaran de forma temporal y subsidiaria mientras se constituían policías locales confiables y eficientes; la realidad es que hoy, los elementos estatales y municipales no se han profesionalizado ni certificado como debieran y, en muchos casos, han profundizado sus vínculos con el crimen organizado.

El texto que está en análisis de la Ley de Seguridad Interior refleja un problema de origen. El marco jurídico mexicano tiene importantes avances en materia de seguridad nacional y seguridad pública, pero el concepto de seguridad interior es difuso. “Seguridad Interior” parece retomar el término estadounidense “Homeland Security” que definen en ese país como “el esfuerzo nacional para contar con una patria a salvo, segura y resiliente contra el terrorismo y otros peligros; donde los intereses, aspiraciones y formas de vida de los Estados Unidos puedan prosperar para prevenir ataques terroristas en el país, reducir la vulnerabilidad del Estado y minimizar el daño de los ataques que se producen”.

En esencia, el esquema del Homeland Security es un mecanismo integral, intersecretarial e intersectorial en defensa de la seguridad de los Estados Unidos, primordialmente frente al terrorismo, sin embargo, parece que la Ley en nuestro país, tal como la impulsa el PRI-Gobierno, carece de esos tres elementos que son fundamentales para su efectividad.

Si bien es importante que las fuerzas armadas cuenten con certeza jurídica para desarrollar las actividades que, cabe destacar, deben seguir siendo temporales y subsidiarias a la de las policías locales; deben contar, por otro lado, con mecanismos claros y transparentes, con plazos delimitados, además de incluirse contrapesos para que su intervención no signifique un cheque en blanco que aumente la discrecionalidad de los mandos castrenses o del Presidente de la República de manera que se atente contra el Federalismo.

Si no se contempla tanto en la ley como en la estrategia de seguridad nacional, la profesionalización y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, pero se aprueban mecanismos de la intervención del Ejército, hasta ahora no transparentes, se estaría perpetuando la presencia de elementos federales en las calles sin que eso represente una solución de fondo. Lo que el país requiere es el fortalecimiento de sus instituciones y eso implica lograr que los gobernadores y presidentes municipales cumplan con sus funciones en materia de seguridad y no que las evadan.

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