Mariana Gómez del Campo
Los partidos políticos deben revisar con mayor detalle cómo eligen a sus candidatos, quiénes son y cuáles son sus antecedentes.
Pero más allá de la responsabilidad de los partidos políticos, responsabilidad que debe encararse sin duda en cada elección frente a los electores, existe un problema de fondo en México, problema que alcanza a gobernantes y gobernados: la impunidad.
Cuando un país es incapaz de perseguir delitos, enjuiciar a responsables y hacerle pagar por sus delitos a cualquier persona (más si tiene poder político (gobernante) o poder económico), entonces comienza a resquebrajarse la credibilidad de las instituciones y a facilitar que este cáncer ser propague.
El caso más evidente de la impunidad política se encuentra en la llamada casa blanca. Y como ese caso existen muchos más en los que el abuso, el robo o el peculado siguen sin castigarse. Lo más grave es que dependió del mismo Presidente la elección del funcionario que habría de investigarlo. En resumen, acabó siendo juez y parte, garantía de total impunidad.
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Los Duarte, Javier o Cesar, o Borge son el más claro ejemplo de la impunidad política que campea en México. Mientras el gobierno federal sea incapaz -o siga siendo cómplice- de ellos, la justicia y el compromiso con la honestidad quedarán en palabras.
Es profundamente lamentable que el gobierno mexicano haya encontrado con celeridad un Jersey robado a que dé con el paradero de Javier Duarte. Este simple caso resume lo que enfrentamos como país.
Pero lo que sucede en México no es gratuito. Este sexenio ha transcurrido sin una cabeza visible, ya sea en una Secretaría o en un organismo de alto nivel, cuya misión sea combatir la corrupción. Simplemente porque no hay interés ni voluntad en entrarle con decisión a este tema.
Desde el principio de este gobierno la Secretaría de la Función Pública dejó de funcionar como tal, mientras tanto y hasta la fecha, el Sistema Nacional Anticorrupción no ha terminado de nacer por la decidia o el desdén del Presidente de la República cuyo compromiso está lejos de ser con el combate a la corrupción.
El llamado es ahora a que en el Congreso de la Unión asumamos de una vez la responsabilidad de presionar para que el sistema nacional que creamos realmente entre en funciones y cumpla con su propósito: acabar con la impunidad de gobernantes que pretendan servirse de su cargo para obtener riqueza o beneficios indebidos.
El Sistema Nacional Anticorrupción es esa oportunidad.
Marcela Guerra
Los partidos políticos son los mecanismos tradicionales para acceder al poder. Su fortaleza y credibilidad están asociados a la capacidad y transparencia con la que atienden y resuelven las demandas sociales.
Todo representante que llega al poder con el favor del voto popular adquiere el compromiso de servir y cumplir las promesas de campaña.
Quien ejerce el poder y se aleja de los principios de su partido político y de la voluntad popular, erosiona la confianza que se le confirió y pierde legitimidad.
Los casos recientes de gobernadores y ex gobernadores ligados a ilícitos afectan la imagen de la clase política en su conjunto y dañan la credibilidad de las instituciones que los postularon.
De acuerdo a la encuesta realizada por la UNAM Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales; siete de cada 10 encuestados consideran que en el sector público hay más corrupción que en el privado o en el social; mientras que 47% considera que en los niveles más altos del gobierno hay más corrupción.
En el mismo sentido, el Latinobarómetro señala que los políticos mexicanos tienen uno de los peores niveles de credibilidad en América Latina; 56% de los mexicanos opina que sus gobernantes han perdido la credibilidad y que no la van a recuperar.
Los partidos políticos han reaccionado ante tal situación creando al interior comisiones anticorrupción, las cuales tienen la misión de revisar los perfiles de mujeres y hombres que aspiran a una candidatura de representación popular.
Estas comisiones están diseñadas también para dar seguimiento, a las investigaciones en curso de las instancias oficiales que averiguan casos de corrupción.
Una forma en la que los partidos políticos pueden recuperar la credibilidad es combatiendo la impunidad de sus afiliados, postulando a líderes honestos, capaces y leales a los intereses de la gente; incorporando en sus debates las causas sociales, las preocupaciones y los temas que más inquietan a la población.
Ningún partido político debe dudar en expulsar a aquel miembro al que se le haya comprobado la comisión de un delito.
Adicionalmente, los partidos políticos deben insistir en la reparación integral del daño.
Estas acciones concretas son las que demanda la sociedad. Llevarlas a cabo es el mejor antídoto para revertir el rechazo social y fortalecer nuestra democracia.