Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, podría recibir un duro golpe de parte de Estados Unidos, más específicamente de Texas, pues la fiscalía de ese estado ya avisó a la Procuraduría que el gobernador Greg Abbott quiere juzgar al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por fraude y lavado de dinero, debido a que en su captura no participaron agentes mexicanos. Nos dicen que este pedido podría frenar el avance de Cervantes a la Fiscalía General de la República.
José Antonio González Anaya, director de Pemex, sufre por la papa caliente que le dejó Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. A la determinación presidencial de rescindir todos los contratos del conglomerado brasileño con el gobierno, los empresarios de la firma sudamericana ya preparan una estrategia para entablar una demanda contra el gobierno mexicano, toda vez que -a diferencia de la cláusula para la refinería en Tula- el contrato del gasoducto Los Ramones no cuenta con cláusulas anticorrupción o antisoborno, por lo que darlo de baja supondrá una multimillonaria indemnización.
Paloma Merodio, vicepresidenta del INEGI, no la tiene fácil en el organismo público de estadística, pues fue designada coordinadora del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Dicha posición, a decir de algunos legisladores, podría significar un distanciamiento desde Los Pinos, aunque otros sospechan que servirá para operar con mayor discreción. Lo que es un hecho es que a la férrea oposición que enfrentó su designación en el Congreso, Merodio suma el rechazo del sector académico, el cual ya anunció que estará atento a su trabajo.
Delfina Gómez, candidata de Morena en el Edomex, sigue en boca de todos en aquella entidad. Nos confirman que en los últimos días ciudadanos mexiquenses han recibido llamadas de presuntos encuestadores (u operadores de guerra sucia) para hacerles únicamente dos preguntas: ¿Usted sabe que Delfina Gómez se autoliquidó con 440 mil pesos en Texcoco? y ¿Usted sabía que los alcaldes pueden rechazar esta liquidación?