Mariana Gómez del Campo
Lo que buscan en el Estado de México es hacer una elección de Estado. El PRI y el Gobierno federal quieren ganar a punta de billetazos lo que han perdido por sus malos gobiernos: la confianza de los mexiquenses.
Para nadie es un secreto que en el Estado de México existe una acción concertada, premeditada y deliberada de parte del Gobierno Federal para favorecer al candidato del PRI.
Más allá de la mal llamada guerra sucia lo que estamos observando en la elección mexiquense es una rampante elección de Estado en donde, sin pudor ni recato, el Gobierno de la República y el gobierno de Eruviel Ávila se empeñan en destinar recursos públicos para tratar de ganar una elección en la que están en desventaja.
Las visitas de secretarios del Gobierno Federal y la entrega de recursos y beneficios con tinte electoral son muestra patente de la desesperación del PRI por tratar de detener su caída electoral que viene acentuándose desde las elecciones del año 2016 en donde el PAN ganó las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.
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La caída del PRI y los pobres resultados del Gobierno Federal no hacen sino suponer que 2017 no será diferente al año 2016 en cuanto a resultados electorales se refiere. En Coahuila, en Nayarit y en el propio Estado de México el PAN y sus candidatos avanzan.
A la par de esta elección de Estado también observamos que la desesperación del PRI se traduce en una campaña llena de descalificaciones y mentiras, donde se trata de equiparar con infundios e inventos a los candidatos del PAN y de la oposición con los del tricolor.
Pero no hay duda que el hartazgo de la sociedad mexiquense y las mejores propuestas de Josefina Vázquez Mota y del PAN terminarán imponiéndose a la mentira y al derroche de recursos federales.
Ahora un nuevo ingrediente entra en juego, el Gobierno Federal querrá lucrar políticamente con la detención del Javier Duarte. No obstante, este personaje es el reflejo fiel de una nueva generación de priistas que de manera indignante han saqueado a sus estados, han abusado del poder y han terminado prófugos o protegidos por la justicia.
Habrá que estar atentos y habrá que pedir a las autoridades electorales que impongan la ley y las reglas de la equidad para que el proceso que vemos en el Estado de México concluya con un resultado que sea verdaderamente reflejo de la opinión y el voto de los mexiquenses.
Marcela Guerra
El 3 de abril dieron inicio las campañas políticas en tres entidades en las que se elegirá gobernador en 2017: Coahuila, Nayarit y el Estado de México.
A quince días de campañas electorales, los aspirantes a gobernador en el Estado de México han aprovechado el tiempo para promover sus candidaturas. Los resultados de las casas encuestadoras más importantes han arrojado cifras muy cerradas para Alfredo del Mazo, el candidato del PRI; Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN y Delfina Gómez, candidata de MORENA.
Este proceso electoral es considerado uno de los más importantes en el país por referirse a la entidad más poblada en donde riqueza, pobreza, dispersión demográfica, conectividad y falta de acceso a localidades, coexisten como síntesis de lo que es nuestro México.
Son muchos los años los que nos ha costado a todos los mexicanos construir un sistema electoral con independencia, objetividad, imparcialidad y certeza.
Tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales establecen claramente las reglas bajo las cuales un proceso electoral debe llevarse a cabo, así como los medios de impugnación a los que se puede acudir en caso de violarlas.
Es creciente el número de ciudadanos que se informa, compara y evalúa las opciones que tiene enfrente.
Como en todo el país, el clamor porque haya seguridad y se combata eficazmente la impunidad, son las demandas que los mexiquenses hacen a sus candidatos.
Hace un par de días aparecieron páginas electrónicas “falsas” de las candidatas del PAN y de MORENA. Al parecer estamos ante un fenómeno parecido al que se presentó en el proceso electoral de Estados Unidos, en donde se alteró y distorsionó información por medios electrónicos para favorecer una opción sobre otra.
Estos hechos son inéditos y por tal razón habrá que elaborar legislación para que estén comprendidos en el sistema de sanciones electorales. Las lagunas en la ley no pueden dar margen a ningún tipo de irregularidad.
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México cuentan con la experiencia y los recursos profesionales para lograr que se imponga la legalidad.
La legitimidad y la gobernabilidad solamente se aseguran actuando en el marco de la ley. Esperemos que cualquier práctica ajena a ella sea sancionada.
En nuestro país no debe haber cabida para ningún tipo de guerra sucia.