¿La Ley General contra la tortura será suficiente para disminuirla?

Por Marcela Guerra

Democracia y tortura son antónimos que no pueden coexistir en nuestro país.

El 26 de abril de 2017 aprobamos en el Senado de la República la Ley General contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, un ordenamiento que busca sentar las bases para la erradicación de esa práctica en México.

Con esta ley, nuestro país cumple con los estándares internacionales contenidos en numerosos instrumentos que se han suscrito y ratificado. Es de destacar que también cumple con las recomendaciones que organismos como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidos han sugerido, así como con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la que México es parte.

Además de actualizar el delito de la tortura, en la nueva ley se define por vez primera en el sistema jurídico nacional, el significado de trato cruel, inhumano o degradante.

A partir de esta norma es posible responsabilizar al superior jerárquico de aquellas personas que ordenen la comisión del delito; quedará excluida toda prueba obtenida a través de la tortura u otras violaciones a derechos fundamentales, así como todas aquellas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos.

Otro aspecto de la ley es el de establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas atendiendo los principios de dignidad humana; debida diligencia; enfoque diferencial y especializado; no re victimización; perspectiva de género; trasparencia y acceso a la información pública.

Se contemplan penas de hasta 30 años de prisión para aquel que haya torturado. Por vez primera, se podrá sancionar a los particulares que cometan este delito y no se considerará beneficio alguno para aquellas personas que hayan sido señaladas por el delito de tortura.

Si bien el trabajo legislativo ya está concluido, el siguiente paso a dar para caminar rumbo a la eliminación de la tortura en México, consistirá en lograr que las entidades federativas armonicen sus leyes sobre este delito.

En seguida, será necesario capacitar a policías, organismos responsables de la procuración de justicia y de la aplicación de la ley, a fin de sensibilizarlos y ponerlos al día sobre el contenido.

En los últimos años nuestro país ha avanzado de manera contundente en la protección de los derechos humanos. Esta ley se inserta en el compromiso adquirido por esta administración para su pleno respeto.

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