¿La Ley General contra la tortura será suficiente para disminuirla?

Por Mariana Gómez del Campo

Un Informe de la ONU y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.

Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Por desgracia, la tortura ocurre en todos los rincones del país. De hecho, los casos documentados por Amnistía Internacional ocurrieron en 19 estados, principalmente en la Ciudad de México (19 casos), Estado de México (15 casos) y San Luis Potosí (11 casos) tan sólo entre 2015 y 2016.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles aprobada por el Senado de la República esta semana era necesaria y es un paso muy importante para disminuir e intentar erradicar estas conductas a todas luces violatorias. La Ley es sólo el principio para lograr un cambio cultural, es complejo, pero creo que se crean los incentivos para que las autoridades policiacas y de procuración de justicia la piensen dos veces y ahora sí respeten los derechos humanos.

Ley General contra la Tortura impone penas y serias responsabilidades a los servidores públicos e incluso a particulares, lo que puede considerarse como un fuerte disuasivo de este tipo de conductas.

Un paso fundamental y logro de la Ley es la creación del Mecanismo Nacional de Prevención, cuyo objetivo es coordinar entre todos los órdenes de gobierno y ante todas las instancias, un sistema de investigación de estos delitos para que, en el caso de su comisión, sean sancionados y penados con severidad y de manera efectiva.

Otro punto toral para lograr el objetivo de erradicar esta clase delitos, es la homologación en los protocolos, normas y procedimientos en todos los órdenes de gobierno, lo que permitirá que autoridades y policías en todo el país actúen uniformemente y eviten este tipo de conductas degradantes.

Esta ley tiene otra bondad, permite que México cumpla con sus compromisos suscritos en tratados internacionales que proscriben la tortura y los tratos degradantes como método de investigación; es decir, nos pone al día con las exigencias a nivel mundial.

La Ley, además, da vigor y vigencia práctica a los artículos 20 y 22 constitucionales. Sin duda, ha sido un acierto del Senado de la República pero ahora será responsabilidad y obligación de los gobiernos Federal y locales que se cumpla. Ya no hay pretextos y estoy segura que socialmente estaremos muy atentos para que surta los efectos que deseamos.

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