El ilegal cochinito de Mancera

El ilegal cochinito de Mancera

Es insultante la manera en que el gobierno de la Ciudad de México manipula los recursos públicos, como revela la Cuenta Pública de 2016, la cual confirma que de manera ilegal, a espaldas de la gente, en ese lapso la administración local dispuso, por cuarto año consecutivo, de un significativo superávit fiscal. En este caso, de 11 mil 177 millones de pesos extra.

Maniobra que permitió, asimismo, que en el saldo registrado entre ingresos y gastos surgieran, como emanados de la lámpara de Aladino, 50 mil 224 millones adicionales no autorizados.

La maniobra realizada para alcanzar el superávit es fácil de comprender: el gobierno propone a la Asamblea aprobar, en la Ley de Ingresos, un monto de recursos muy inferior a los que en realidad espera recaudar. La diferencia entre la cantidad aprobada y la alcanzada, al descontársele los egresos, genera el superávit.

Con esta lógica se construyeron los sucesivos superávit en 2013, 2014, 2015 y 2016. En este último año, para la Ley de Ingresos se autorizaron 181 mil 334 millones de pesos, pero en realidad los ingresos netos ascendieron a 231 mil 559 millones, es decir, una diferencia de 50 mil 224 millones más. Y como los egresos fueron de 220 mil 381 millones, se generó un multimillonario excedente.

En vez de destinar esos 50 mil millones de pesos no aprobados por la Asamblea Legislativa a la compra de lealtades, a despensas para agenciarse votos de manera ilícita, en un canallesco abuso de la pobreza; a viajes para funcionarios y a engrosar aún más los altos cuadros de la burocracia, esa multimillonaria suma pudo servir para remediar algunos de los graves problemas de la ciudad y de sus habitantes.

Por ejemplo, según el más reciente Censo de Población, en México habitan 32.6 millones jóvenes de entre 12 y 20 años. Y como la ciudad de México concentra 7.2% de la población juvenil del país: alrededor de 2 millones 240 mil, con 50 mil millones de pesos se podría dar una beca anual de 22 mil 321 pesos a cada muchacho o muchacha.

O podrían destinarse a la instalación de 50 mil pequeñas empresas, a razón de un millón de pesos para cada una. Y si en cada miniempresa labora un promedio de cinco trabajadores, con esos 50 mil millones pudiera ofrecerse empleo a 250 mil personas.

Y si cada autobús cuesta alrededor de un millón, con los 50 mil millones se adquirirían alrededor de 50 mil unidades, con lo que terminaría, de una vez por todas, el eterno déficit del transporte público.

O de plano, si se distribuyeran los 50 mil millones entre los 2 millones y medio de familias de la ciudad, a cada una le corresponderían 20 mil pesos anuales, algo menos de los 28 mil que cada año percibe un trabajador que devengue el salario mínimo de 80 pesos diarios.

Y desde luego, se pondría remedio a la agobiante escasez de agua, y 80 mil adultos mayores no deberían esperar por lo menos tres años para recibir la pensión alimentaria a la que por ley tienen derecho, dado que para cubrir el universo de este tipo de derechohabientes se requieren tan sólo mil millones de pesos, los mismos que en la Asamblea Legislativa, Acción Nacional, PRD y PRI se han negado a autorizar pese a los reclamos de Morena.

Este multimillonario cochinito evidencia el manejo mentiroso de los recursos públicos del régimen encabezado por Miguel Ángel Mancera, que hoy transita en sentido abiertamente opuesto a los intereses de la ciudadanía.

En efecto, la Cuenta Pública de 2016 reafirma los constantes señalamientos de Morena, en el sentido de que el régimen capitalino de manera reiterada ha presentado ante la Asamblea Legislativa una Ley de Ingresos intencionalmente subestimada con la finalidad de disponer, de forma caprichosa y discrecional, de un voluminoso margen de recursos.

Para hacerse de tan enormes recursos extra, la camarilla que gobierna la capital ha contado con la complicidad, en la Asamblea Legislativa, de los legisladores de Acción Nacional, del PRD y del PRI, quienes se han comportado como siervos del Jefe de Gobierno, dispuestos a obedecer sus órdenes a costa del bienestar de la gente.

En consecuencia, Morena insistirá en la urgente necesidad de definir con transparencia el destino que se dará en este 2017 a los 50 mil millones de pesos. Y exigirá que se destinen al beneficio de los ciudadanos, no al de un selecto grupo de voraces constructores de megaproyectos y a una minúscula pandilla de funcionarios y legisladores corruptos.