¿Gasolina en 7 pesos?

¿Para qué te alcanzan 7 pesos? Para un refresco, un boleto del metro, unos chicles o un litro de gasolina robada. Así es. En el “triángulo huachicolero” una de las principales zonas de robo de combustible del país, en el estado de Puebla, el precio por litro de gasolina es de sólo 7 pesos, mientras que en las gasolineras se vende entre 16 y 19 pesos.

Las ganancias anuales de este negocio ilegal llegan a ser de 20 mil millones de pesos, equivalentes al doble del fondo para el Programa Nacional de Becas o del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Hace bastante tiempo que se conoce este ilícito que no sólo implica a la entidad poblana. Lo indignante del caso es que ninguna autoridad ha intentado realizar una investigación exhaustiva y seria, para dar con los perpetradores y llevarlos a la cárcel.

Como de costumbre, sólo tras las imágenes de la semana pasada, se ha comenzado a decir que los “huachuicoleros” serán combatidos “con todo el peso de la ley”, y que para ello intervendrán diversas dependencias del gobierno de la República.

¿Por qué siempre se permite que cierto tipo de actividades delictivas prospere? ¿Por qué no se pone un ‘hasta aquí’ a tiempo y en lugar de eso se permite el auge de las mismas, hasta que el problema revienta?

Parece que se decidió reconocer que los “huachicoleros” eran un problema, sólo por la indignación y protesta nacional derivados del ataque a una familia por parte de una banda que opera en Tlalancaleca y Tlahuapan. El Estado reacciona únicamente ante presiones masivas por parte de la sociedad.

Sin embargo, tanto los “huachicoleros”, como quienes les compran la gasolina robada, justifican sus acciones diciendo cosas como: “el petróleo es de todos y apoderarse de él no es un delito”, o que “si el gobierno roba, ¿por qué ellos no?”.

De ahí su oposición a las instancias del gobierno que tratan de cumplir con la orden de evitar este ilícito y de someter a quienes lo cometen. Entonces, ¿de qué se trata que, ahora, todos los mexicanos justifican arbitrariamente este tipo de actividades?

Los “huachicoleros”, representan también un fracaso más del Estado mexicano en su lucha contra el crimen, así como el uso de las fuerzas armadas, de nueva cuenta, para enfrentar un problema que ha rebasado al poder civil.

Las acciones de estos ladrones “chupaductos” son inaceptables, como también lo son las de los “políticos huachicoleros”; o sea los que se dedican a robarse el dinero de todos los mexicanos.

Desde arriba hasta abajo, la ley en México se debe aplicar con justicia. Necesitamos que apliquen las mismas reglas para todos.
Por eso, parte central de mi trabajo ha sido impulsar las fiscalías independientes, o sea, que quienes se encargan de investigar los delitos no sean los cuates del alcalde, del gobernador o del propio presidente, y los dejen salirse con la suya.

Ésta es parte central de la agenda de justicia en la que creo, y que ya hicimos realidad dentro de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y ahora hay que hacerlo en todo el país.

La actividad delictiva ofrece mucho qué investigar, desde la simple participación de los llamados “huachicoleros”, hasta la de políticos y funcionarios de Pemex, así como de seis estados en donde se concentra más de 90% del robo del producto que transportan los ductos.

​Más valdría indagar por primera vez, en serio, este problema, desde todos sus ángulos y vertientes, que soslayar a las autoridades presuntamente inmiscuidas y hacer como que no son capaces de mezclarse en el delito. Hay que recordar que, de nueva cuenta, los ojos del mundo colocan a México en los reflectores de la vergüenza y del desprecio.

Dejemos de tolerar el abuso y la impunidad, porque de 7 en 7 pesos, estamos empeñando el futuro de nuestro país.

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