Tal como quedó la recientemente aprobada Ley Electoral de la Ciudad de México transita en sentido inverso a las aspiraciones ciudadanas de democracia directa, representativa y participativa estipuladas en el artículo 3 de la Constitución capitalina.
Al negarse a establecer la figura de alcaldía abierta, PAN, PRD y PRI pretenden echar por la borda las tenaces luchas vecinales de los capitalinos y la admirable experiencia histórica de los concejos ciudadanos de 1995. Y perpetuar la compra del voto y la ilegal intervención del gobierno en los procesos electorales.
En contraste con la autoritaria visión de estos partidos, Morena propone establecer el modelo republicano de alcaldías abiertas, en el cual no sólo el alcalde o la alcaldesa son electos mediante el voto popular. Sino también los concejales; es decir: los integrantes del Concejo.
Cabe subrayar, en tal sentido, que se creó un Concejo de las alcaldías para que fungiera como un órgano de control sobre las decisiones del alcalde en asuntos de interés fundamental para la ciudadanía.
Entre sus atribuciones destacan la vigilancia del sistema anticorrupción, la aprobación y control del presupuesto de egresos y la evaluación de las acciones del titular de la alcaldía, así como el cumplimiento de los programas suscritos por éste, además de contar con una facultad política de extrema importancia: los concejales están autorizados para convocar a consulta ciudadana sobre el uso de suelo y la construcción de megaproyectos.
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En cambio, en la Asamblea Legislativa, PAN, PRD y PRI establecieron, en la Ley Electoral, que 60% de los concejales y el propio titular de la alcaldía sean votados en conjunto, en una sola planilla. Es decir, impusieron el típico carro completo con la intención de que los alcaldes controlen a la mayoría de concejales. De manera casi idéntica a como hoy ocurre con los delegados y los funcionarios por ellos designados.
De tal modo, se desmantela la intención primordial del Constituyente: la de implantar un contrapeso a las decisiones unilaterales del alcalde. Y por consiguiente, se propicia la perpetuación de compadrazgos y tráfico de influencias en todo tipo de negocios, sobre todo el inmobiliario.
Aunque saben bien que Morena ganará la jefatura de Gobierno y la mayoría de alcaldías en 2018, PAN, PRD y PRI confían en quedarse con la administración de algunas de ellas. Por eso impusieron el modelo de alcaldías cerradas, para continuar manejando, de manera discrecional, extensos territorios de la ciudad, como hoy lo hacen, por ejemplo, en Iztacalco, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.
En resumen, al tutelar la elección de concejales por circunscripción en vez de alentar la elección mediante el voto directo, se conculca el derecho de la gente a establecer un buen gobierno.
Por tales razones, en la Asamblea Legislativa Morena fue el único partido que votó en contra de la Ley Electoral. Pero nuestras objeciones no se limitan a la imposición de alcaldías cerradas. También objetamos que se establezcan insuficientes sanciones a quienes compren el voto, a pesar de que la propuesta original de Acción Nacional disponía castigos mucho más severos.
Tampoco se establecieron topes a gastos de campaña, ni disminuyeron los recursos al Instituto Electoral de la ciudad. Morena proponía, al respecto, que se le rebajaran en épocas no electorales.
En relación con los pueblos y barrios originarios, en vez de auspiciar su libre albedrío, se optó por imponerles una fórmula paternalista con la intención de tutelar sus derechos y acotarles el libre ejercicio de su autonomía. De tal forma, se relegaron a simples menciones los procesos de participación de estas comunidades populares.
Asimismo, brillan por su ausencia los mecanismos para reducir los costosos gastos de la burocracia y no se contemplan recursos suficientes para las instancias encargadas de salvaguardar los derechos de los votantes.
De tal manera, PAN, PRD y PRI han tirado por la borda una oportunidad histórica de lograr una Ley Electoral de avanzada que hubiera posibilitado el tránsito hacia una democracia real y puesto las bases para terminar con la simulación democrática que hoy padecemos los capitalinos.
Ante la cerrazón de estos partidos, en su momento Morena presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad destinada a restablecer el principio de las alcaldías abiertas.
Asimismo, se compromete a poner a disposición de la ciudadanía las candidaturas a concejales para impulsar los liderazgos de pueblos, barrios y unidades habitacionales, quienes así podrán ser dueños de su propio destino.