Una vergüenza. Las bancadas del PAN y PRD en el Senado de la República anunciaron el lunes 3 que no habrá nombramiento del Fiscal Anticorrupción, antes del 18 de julio, cuando vence el plazo para que el Sistema Nacional Anticorrupción trabaje plenamente.
¿El argumento? Los compañeros legisladores esperarán a conocer el diagnóstico que solicitaron a la Procuraduría General de la República sobre las “debilidades” de la nueva Fiscalía.
Tampoco habrá Periodo Extraordinario para nombrar al Fiscal, dicen, porque no se quiere “que el PRI y sus aliados aprovechen el espacio para legislar la Ley de Seguridad Interior” (nota Excélsior, 05Jul2017). O sea, el nombramiento se va directo a la congeladora legislativa.
Resulta incomprensible. Lo hemos dicho antes, por el bien de México, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción debería estar en la prioridad de legisladores y partidos. Pero no.
Recordemos que el nuevo Fiscal debe ser elegido entre 26 candidatos. Su papel deberá ser totalmente autónomo. Es importante que no esté sujeto al mandato de nadie. La autonomía le daría legitimidad a la hora de aplicar la ley en contra de funcionarios y legisladores que cometan estos delitos, desde el desvío de fondos hasta el tráfico de influencias, pasando por una infinidad de actos que hoy están tipificados y deben ser castigados.
Este nombramiento, así como el de 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, son de suma importancia para cubrir las pendientes que aún tiene el sistema.
Los mexicanos hemos sido testigos, especialmente en este sexenio, de los actos vergonzantes en que han incurrido quienes ostentan diversos cargos dentro de los tres órdenes de gobierno. Como simple muestra están los 16 ex gobernadores sujetos a proceso.
Y en este momento no son pocos los mandatarios estatales que están en la mira de las autoridades judiciales, por las decenas de denuncias en su contra, de diferentes instancias agraviadas, lo mismo del sector civil, que inclusive del mismo gobierno.
Por eso, frente a esta realidad escandalosa, no se entienden las excusas para diferir un acuerdo tan trascendente.
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Especialistas en el tema aseguran que, a diferencia de otros países, la corrupción en México queda impune y nos cuesta hasta 9% del PIB anual. El Banco de México ha revelado que esa cifra equivale a un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos y agrega que esta cantidad puede compararse con el 80 por ciento de la recaudación de impuestos nacional.
Y esta semana, conocimos que, solo en 2016, los empresarios en México pagaron más de 1.6 mil millones de pesos en “mordidas” para realizar trámites gubernamentales, según encuesta del Inegi.
Lo anterior y otros problemas inherentes a la corrupción en México, provocan daños en diferentes sectores de la población, como el freno a la economía, inequidad en la distribución del ingreso, desencanto con la democracia, inhibición de la inversión, entorpecimiento de la justicia y varias decenas de lastres más, que desembocan en un retraso del país en diferentes órdenes.
Los estudiosos del fenómeno aseveran que la corrupción no es particular de México, pero la impunidad sí. Por eso la figura del Fiscal, encargado de garantizar que quien viole la ley, sea realmente castigado, es tan trascendente.
Llamamos nuevamente a los compañeros legisladores a que convoquen a un período extraordinario para realizar esos nombramientos.
Necesitamos un Sistema Nacional Anticorrupción completo, con Fiscal y con los 18 magistrados del TJA. Ante el intento de desacreditar la participación ciudadana, cerremos filas y redoblemos la presión para que estos nombramientos se hagan en este mismo mes. Sígueme en: @RiosPiterJaguar.