Las redes sociales se han convertido en un catalizador de las exigencias ciudadanas y en una herramienta en el despertar de una nueva ciudadanía participativa. Si bien ciertos actores pueden manipular las tendencias mediante el uso de los llamados “bots”, estas estrategias de poco sirven frente a los movimientos auténticos de los ciudadanos en las distintas redes sociales, esto lo vimos particularmente tras la emergencia derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre que afectó a diversas entidades del territorio nacional. Usando ese medio, quedó claro que los mexicanos están hartos de la clase política, de la corrupción y que están deseosos de ver soluciones.
Coincido en que el financiamiento de los partidos políticos, hoy en día, representa una gran carga para el presupuesto público, pues según datos del Instituto Nacional Electoral, recibieron la cantidad de 4 mil 59 millones 213 mil 905 pesos en 2017, de los cuales el 97 por ciento se encuentran en el rubro de “actividades ordinarias permanentes”. A estos recursos habrá que sumar el presupuesto para la campaña 2018, el cual ha sido el corazón del debate en estos días.
Es lamentable que este tema se haya convertido en una subasta en la que sólo se espera ver quién presenta la propuesta más populista. Ha sido un debate lleno de populismo, al grado de que el PRI en una maniobra poco ética aprovechó la oportunidad para presentar su propuesta para desaparecer a los legisladores plurinominales o “pluris”, lo que no dijeron es que esto sólo beneficiaría al PRI-gobierno, eliminaría a buena parte de la oposición, perjudicaría a la democracia porque les regresaría la mayoría en el Congreso y regresaría al país a la década de los 50. A ese grado de cinismo e insensibilidad llegaron.
Sin embargo, el manejo que ciertos partidos políticos le han dado al tema ha sido lamentable pues parece que hacen de la tragedia de cientos de mexicanos un acto de campaña más. Prueba de ello fue que, apenas tres días después del terremoto que golpeó a la Ciudad de México, Morelos y Puebla, López Obrador anunció que destinarían parte de los recursos que reciben del INE; primero dijo que el 20 por ciento, después que el 25, luego que el 50 de lo destinado a la campaña de 2018, sin embargo puntualizó que no lo entregará al gobierno federal sino que lo administrará un grupo de personajes de “indiscutible honestidad”, evidentemente que son cercanos a él y a su partido.
El PRI se sumó a la misma propuesta y anunció la donación de 258 millones de pesos, el 25 por ciento de su presupuesto de campaña, para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Sin embargo, el modelo de prevalencia del financimiento público sobre el privado de los partidos políticos tiene una razón: la equidad en las contiendas electorales y la transparencia, pues si se opta únicamente por el financimiento privado, serán los partidos más grandes y con influencias los que captarán recursos de las grandes empresas, además de que se puede prestar a casos de corrupción como el de la famosa constructora brasileña Odebretch. Además, el financimiento privado para los partidos alcanza apenas el 6 por ciento, según datos oficiales, en 2015 los partidos recibieron más de 11 mil millones de pesos, de los cuales sólo 660 correspondieron a recursos privados.
La realidad es que el presupuesto para los partidos del que tanto se habla es equivalente apenas al 0.02% del Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos que serían incluso insuficientes para iniciar un eficaz procedimiento de reconstrucción, pero el reclamo ciudadano tiene un profundo significado: el hartazgo y el rechazo a que los recursos públicos se dilapiden en propaganda y en miles de spots que pierden sentido frente a la emergencia.
Lo que necesitamos en nuestro país es cambiar el modelo de financiamiento desde la raíz para que la equidad en el acceso a recursos no se vulnere pero que no represente una carga mayúscula para las arcas del Estado y simultáneamente lograr que los políticos rindamos cuentas, que el Sistema Nacional Anticorrupción opere a cabalidad. Urge atender a los damnificados de todos los estados afectados y levantar a México de los escombros, de los escombros de la corrupción y la ineficacia de las autoridades.
