Han transcurrido cinco meses desde aquel 19 de septiembre en que un sismo devastó varias zonas de la Ciudad de México.
Y miles de damnificados continúan en el desamparo.
Pareciera, entonces, que en la capital no hay gobierno. Porque aún se desconocen las cifras reales sobre el número de fallecidos y de heridos. Y la administración local todavía no presenta un padrón sobre la cifra exacta de inmuebles dañados y los que se desplomaron.
Entretanto, a la par que millares de damnificados continúan en las calles, sin recibir el auxilio que les permita rehacer su vida, los diputados locales Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, y Jorge Romero, de Acción Nacional, persisten en su determinación de mantener secuestrados los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México.
El tamaño de la trasgresión es tal que se empeñaron en manejar a su capricho alrededor de 14 mil 800 millones de pesos entre los recursos encauzados a la reconstrucción y los destinados a las ampliaciones presupuestales de las dieciséis delegaciones políticas.
Con la mira puesta en los próximos comicios, se autonombraron representantes de facto de la Asamblea Legislativa e hicieron violatoria cuanta norma legal se les puso enfrente con tal de agandallarse esa significativa suma de dinero.
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El tamaño del atropello obligó este 14 de febrero a Vicente Lopantzi García, titular de la Consejería jurídica del gobierno capitalino, a llamar con carácter de urgente al organismo parlamentario a emitir un oficio para “retirarse” la facultad de autorizar los fondos destinados a la reconstrucción.
A través de un desplegado, en un alarde de prepotencia, cual si fuese dinero de su propiedad y no de la ciudadanía, Luna, Toledo y Romero le respondieron:
“Cedemos toda la responsabilidad de determinar el destino de esos recursos al titular de la Secretaría de Finanzas”.
Pero así como en forma ilegal han buscado por sí solos supervisar, vigilar y proponer el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción, ahora pretenden, también por su sola voluntad, cederle el manejo de éstos a la Secretaría de Finanzas.
Por su prepotencia se empeñan en manejar las arcas públicas. Pero resulta que la administración de esos recursos no corresponde a los tres diputados. Pues tan ilegal fue su decisión de apañárselos, como la de decidir a quién traspasarle su manejo.
Y porque nada asegura que tal determinación no haya sido tomada mediante arreglos hechos en lo oscurito. Al amparo de la opacidad, el secretismo y el tráfico de intereses.
Tan es así, que el propio encargado de Transparencia en la Comisión de reconstrucción, Mauricio Merino, el mismo que acusó a los tres diputados de haber secuestrado el presupuesto, por eso mismo renunció a su encomienda.
Explicó al respecto:
“Mientras tres diputados de la ALDF tengan control sobre el presupuesto para estos trabajos, será imposible cumplir con mi encomienda”.
En relación con la gacetilla pagada por Luna, Toledo y Romero para su publicación en medios nacionales, Merino advierte que éstos “se comprometieron, mediante un desplegado, a no proponer el gasto (de más de 14 mil millones de pesos), sino a aprobarlo de manera expedita”.
Pero, contundente, afirma:
“Esto no significa que no se vaya a opacar el uso de los recursos… No creo que un desplegado pueda suplir una decisión tomada por la Asamblea” (Reforma: 16/II/18).
Por si fuera poco, el día 16, el comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra, mediante misiva dirigida al jefe de Gobierno, también renunció a su nombramiento con el argumento de que “las decisiones para la reedificación provienen ahora de la ALDF y éstas no se relacionan con las necesidades de los damnificados”.
Las renuncias llegaron en cascada: el sábado 17, Katia D’Artigues también dimitió a la Comisión para la reconstrucción porque, explicó la periodista y exdiputada constituyente: “Tres diputados autorizaron el manejo de 8 mil 200 millones de pesos”, lo que representa “un limbo jurídico que no da claridad ni certeza a nadie”.
Las opiniones de Merino, D’Artigues y Becerra son acordes con la posición de la bancada de Morena. E incluso este último, al señalar que “el control que se han autoasignado algunos diputados locales para controlar los recursos de la reconstrucción ha sido motivo de una Acción de Inconstitucionalidad”, alude, precisamente, a la interpuesta por Morena ante la Suprema Corte en contra del manejo discrecional del Presupuesto de Egresos 2018 para la Ciudad de México.
Cabe recordar que los malos manejos hechos al amparo del presupuesto de la Asamblea no son novedosos. Por ejemplo, en 2011, cuando Alejandra Barrales fungía como coordinadora del PRD, creó un millonario fideicomiso para becar a 45 mil jóvenes, pero hasta 2013 apenas 2 mil 700 las habían recibido y cientos de millones de pesos de plano nunca aparecieron.
Por eso hoy reiteramos que si en verdad quiere restaurarse la legalidad parlamentaria, es imprescindible convocar al Pleno de la Asamblea Legislativa para que modifique la redacción del Decreto de Presupuesto en los apartados referentes a la reconstrucción.
Entretanto, en la cúpula del PRD y de Acción Nacional nadie dice ni media palabra. Precisamente porque Luna, Toledo y Romero son los operadores políticos de Alejandra Barrales y Ricardo Anaya.
Por eso, en vez de condenar el golpismo legislativo permanecen en silencio. Porque los beneficia.
Morena, por su parte, continuará con su exigencia de actuar con transparencia y destinar los recursos de la reconstrucción en beneficio de los damnificados.