Los últimos años hemos podido observar que los índices de violencia e inseguridad han aumentado en prácticamente todo el territorio nacional, algunas regiones del norte y centro del país se han caracterizado por tener los casos más graves. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se registró un incremento del 10.26% de la incidencia delictiva, es decir, un millón 628 mil 438 delitos.
Estados como Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y San Luis Potosí han enfrentado olas de violencia que han requerido de la intervención de las Fuerzas Armadas, es decir del ejército y la marina mexicanos. Casos como los feminicidios han observado una alza de cerca del 15%, lesiones perpetradas con arma de fuego registró un repunte de aproximadamente el 34% según indica el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
Mucho se ha discutido respecto a una Ley de Seguridad Interior como modelo imperfecto para la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad; ese debate incluso ha tenido lugar en los congresos estatales sobre cómo deben intervenir las fuerzas federales, qué obligaciones y facultades debe tener, y lo más importante cómo garantizar y proteger los derechos humanos.
Queda claro que necesitamos un marco legal que permita la intervención oportuna de las autoridades para disminuir los índices de inseguridad y delincuencia, una serie de leyes que no funjan como candados ni como carta abierta para el ejercicio discrecional de la fuerza. Lo que se requiere con mayor precisión y eficiencia es un modelo de política pública basado en servicios de inteligencia estratégica que permitan a las autoridades avanzar en la extinción de los peligros que aquejan a millones de mexicanos y, además, en un esquema de fortalecimiento de los cuerpos policiales estatales y municipales con capacitación, certificaciones, equipamiento y evaluación permanente.
La intervención del gobierno debe ser estratégica, basada en información precisa, con el apoyo de todas las instituciones del Estado. Por ello, el CISEN y las Unidades de Inteligencia Financiera o de Investigación de la PGR deben robustecerse. Esto hará posible que el gobierno cumpla con sus objetivos y se puedan ver a mediano plazo resultados positivos en materia de seguridad pública. Pero esto debe estar blindado de un uso faccioso o discrecional del poder, no deben utilizarse las instituciones para espiar y perseguir opositores o a la sociedad civil.
Venezuela es un caso patente, ya que las instituciones del Estado son utilizadas ampliamente con fines políticos para perseguir y censurar voces opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Locuras como las que han planteado miembros de la izquierda radical mexicana como “desaparecer el CISEN” resultan absurdas e inviables pues dicha institución debe estar al servicio de las familias del país para garantizar un combate eficaz de los grupos que hacen que lleguen por ejemplo las drogas a las escuelas, parques o a nuestras colonias. Necesitamos más y mejores instituciones que fortalezcan la soberanía nacional, no que nos debiliten como sociedad.
El gobierno actual tiene una responsabilidad importantísima y debe cumplir con ella, pues debe implementar los inicios una política pública transexenal que fortalezca las instituciones responsables de la seguridad pública. De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo las ejecuciones por el crimen organizado se han incrementado en un 53%, esto es un reflejo de la urgencia de una intervención efectiva.
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Al inicio de este sexenio el discurso fue de responsabilizar al gobierno pasado, pero no debemos olvidar que el gobierno del PAN impulsó con grandes resultados la certificación de las policías estatales para evitar la infiltración de la delincuencia en los cuerpos de seguridad y varios estados que hoy se encuentran bajo crisis severas de inseguridad no cumplieron con dicha certificación, curiosamente entidades gobernadas por el PRI. Actualmente, el discurso del gobierno del Presidente Peña se excusa en la controvertida ley de seguridad interior, pero más allá de un debate ideológico y partidista, el Jefe del Estado mexicano debe dar resultados, aún hay tiempo.
México requiere con urgencia de seguridad, paz y armonía en todo el territorio por ello la demanda es que debe implementar un modelo de intervención eficaz que trascienda más allá de este sexenio. Tiene la oportunidad de destrabar en el Congreso la construcción de una Fiscalía General verdaderamente autónoma, no tengo duda, que todos debemos de cooperar, ningún actor político debe ni puede escatimar esfuerzo alguno para que podamos vivir en paz.