¿Los pleitos entre candidatos pone en riesgo la legitimidad de la elección?

No podemos dejar de lado una serie de factores como la situación económica, la complejidad de la inseguridad en prácticamente todo el país, el alza de impuestos y la gasolina

Por Mariana Gómez del Campo

Están por iniciar formalmente las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República, si hacemos un análisis a profundidad del comportamiento que han tenido algunos partidos políticos, precandidatos y el gobierno, podemos distinguir que la sucesión es un proceso que comenzó hace ya un par de años. Esto se debe a varias razones, la más importante quizás tiene que ver con el debilitamiento de la figura Presidencial, es decir, tenemos una Presidencia muy vulnerable, como ha quedado claro tras los escándalos que ha enfrentado: la controvertida visita de Donald Trump, los múltiples casos de corrupción o la lamentable desaparición de los 43 normalistas.

Me refiero no a un gobierno débil en lo que respecta a la fuerza de las instituciones, sino a un débil en credibilidad, confianza y legitimidad. Esto trae como consecuencia un clima político agitado, cuestionamientos al actuar de diferentes actores del gobierno actual y no podemos dejar de lado una serie de factores como la situación económica, la complejidad de la inseguridad en prácticamente todo el país, el alza de impuestos y la gasolina, que sumados todos tenemos desde hace más de tres años un proceso muy prematuro en el que se anhela la sucesión presidencial.

Hemos podido observar a lo largo de estos últimos años la confrontación que han tenido la gran mayoría de actores políticos y -algo sin precedentes- el involucramiento muy cuestionado por parte del gobierno en acontecimientos muy delicados como son: el nombramiento a modo del Fiscal general de la nación, del Fiscal anticorrupción, la persecución y espionaje de organizaciones civiles y activistas a favor de la transparencia y rendición de cuentas y, por último, la persecución del candidato Presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Estos antecedentes reflejan la fragilidad que tienen las instituciones, doblegadas a la menor presión o sometidas al designio unilateral del gobernante en turno. La muestra más clara es la Procuraduría General de la República y su descarada intervención en el proceso electoral, como nunca antes hemos sido testigos de una procuraduría que responde a una lógica política, que por un lado acusa y persigue la oposición, pero por otro cubre con su manto protector a la élite corrupta cercana al Presidente. ¿Cómo entender que la PGR emita boletines o filtre videos para incriminar a Ricardo Anaya pero no toque ni con el pétalo de un citatorio a Emilio Lozoya, Cesar Duarte o haya actuado con contundencia contra los casos más escandalosos de desvíos de recursos desde la Sedesol?

Hoy, la procuración de justicia está expuesta de cuerpo entero y en total desnudez: la justicia en México no es efectiva, es selectiva. La PGR dejó de ser un órgano del Estado, para ser un brazo político del PRI. Si el PRI quiere salir del abismo, si quiere dejar de ocupar el lejano tercer lugar, debería mandar los mensajes correctos y congruentes, mostrar a la sociedad que combate la corrupción que ha invadido su propia casa.

La gran mayoría de analistas políticos y medios de comunicación han pronosticado una elección competida y controvertida, pero con los antecedentes recientes de persecución que ha decidido emprender el gobierno, se ha puesto en riesgo la credibilidad de las instituciones, de la figura presidencial y muy gravemente de los resultados de la elección.

Todos los partidos políticos, candidatos y gobierno tenemos la obligación de actuar de manera honesta y de frente a los ciudadanos, dar un debate de altura, emitir propuestas desde cada postura ideológica y debatir de manera trasparente para que los electores puedan participar mediante la emisión de un voto informado, con pleno conocimiento de las propuestas, por lo tanto, deben quedar de lado los juicios sumarios y las falsas acusaciones.

Hoy más que nunca México requiere de instituciones fuertes, políticos honestos y transparentes y por ello insisto en la obligación que tenemos todos de contribuir a tener un proceso electoral limpio. La participación del Instituto Nacional Electoral siendo el árbitro oficial es fundamental, ya que es el principal garante para tener una elección limpia, justa y equitativa, por ello debe estar al pendiente y actuar en consecuencia para garantizar la participación efectiva de todos los ciudadanos. Exigimos una elección ejemplar.

El gobierno debe cumplir con su papel como garante de imparcialidad y transparencia principalmente en el uso de recursos, vigilar la actuación de cada uno de los funcionarios públicos y conducir de manera ejemplar a las instituciones al servicio de la seguridad y procuración de justicia. Las dudas que hoy lo rodean son muchas. El antecedente de la elección del Estado de México nos deja en una situación de absoluta desconfianza, pues se orquestó desde el seno de la Procuraduría toda una campaña de falsas acusaciones para impedir la llegada de Josefina Vázquez Mota, se utilizaron recursos estatales para una campaña millonaria de supuestos logros del PRI y movilizaron desde las instituciones apoyos a favor del “candidato oficial”. Hoy quieren actuar de la misma manera. Si la legitimidad de la elección se pone en duda, no habrá forma de sacar de la condena pública al sexenio de Peña Nieto. Si el PRI insiste en el uso faccioso de las instituciones estará acercándose vertiginosamente al peor proceso electoral de su historia, uno del que probablemente no podrá levantarse.

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