La corrupción es el cáncer de nuestro país, según el Índice Global de Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 respecto a la percepción que lo posiciona entre los peores de la región, incluso por debajo de naciones como Argentina, Colombia y Brasil, la cuna del famoso Caso Odebrecht.
La situación es alarmante: en nuestro país, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción va en aumento y que el gobierno no hace lo necesario para detenerla; el 50 por ciento de los mexicanos han pagado un soborno; 4 de cada 10 han pagado para acceder a la atención de salud y educativa, pese a que son gratuitas constitucionalmente; el 98 por ciento de los casos de corrupción quedan impunes.
Actualmente, la corrupción ha llegado a puntos insospechados e intolerables: el socavón en el paso exprés, el desvío de recursos públicos por medio de esquemas con universidad públicas como el usado en la “Estafa Maestra”, la compra de inmuebles por parte de empresas proveedoras del Estado como la Casa Blanca, el suministro de agua en lugar de quimioterapias a niños con cáncer en Veracruz, entre otras “joyas” del gobierno federal y los gobiernos estatales priistas.
En este contexto, la eliminación de fuero surge como una acción que permita que nadie se escude bajo una figura legal para evadirse de la justicia. Es una acción indispensable que permita combatir la impunidad y que es ya anacrónica porque los mexicanos, sean o no sean servidores públicos, deben estar en la posibilidad de enfrentar cualquier tipo de acusación siempre bajo el principio de la presunción de inocencia. Así, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el dictamen a 33 iniciativas relativas a la eliminación del fuero, el cual ya está en manos del Senado de la República.
Sin embargo, es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre el “fuero”. Por definición, el fuero constitucional es una inmunidad del servidor público frente al Poder Judicial, es decir, que no puede ser consignado por algún delito común y tiene su origen en el Siglo XVII, particularmente para diputados y senadores, para evitar su detención y el inicio de un proceso penal en su contra, lo cual hace sentido al considerar la historia de desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo como el encarcelamiento de diputados en 1823 por Agustín de Iturbide o en 1913 por Victoriano Huerta.
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En esa lógica, el fuero constitucional protege la integridad del Congreso mexicano sobre todo porque la persecución e investigación de delitos corresponde a la Procuraduría que es encabezada por un colaborador del Presidente de la República, es decir, que históricamente el Procurador no es autónomo ni imparcial, sino que ha fungido como aliado e instrumento de quien detenta el poder político.
Así pues, aunque es importante contar con mecanismos que permitan que los malos servidores públicos no se escondan en el Congreso o en el gobierno para evitar que sean perseguidos por irregularidades en sus gestiones, al mismo tiempo es necesario implementar diversos instrumentos recomendados por Transparencia Internacional como la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera al SNA, avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas.
Una piedra angular del combate a la corrupción es la creación de una Fiscalía capaz, autónoma e independiente que asegure que la política anticorrupción del país no dependa del gobierno o de intereses políticos, como tradicionalmente se ha hecho; es decir, el Fiscal puede y debe ir contra quien haya violado la ley. Ese es el aspecto que ha permitido que, en otros países de América Latina, por el Caso Odebrecht hayan terminado en la cárcel a varios expresidentes y provocado la dimisión de presidentes en funciones.
Sin duda, la eliminación del fuero significa un gran paso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero no lo es todo. Debemos legislar de forma inteligente y echar andar otras muchas herramientas que nos permitan en conjunto ser un país más transparente y honesto.